En el contexto de una campaña de represión sin precedentes contra la oposición en Rusia, un profesor de arte, que ha sido crítico con la invasión de Ucrania, está siendo acusado de enfrentar hasta 20 años de prisión.
Hasta el invierno de 2023, Daniil Kliuka vivía tranquilamente en Dankov, un municipio a 300 kilómetros al sur de Moscú. Sin embargo, en febrero de ese año, fue arrestado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB). En junio de 2024, un tribunal militar ruso lo condenó a 20 años de prisión por cargos de “alta traición” y “apoyo a actividades terroristas”. Se le acusó de transferir entre 20,000 y 100,000 rublos (aproximadamente entre 229 y 1,146 dólares) en criptomoneda a un fondo ucraniano llamado “Come Back Alive”, que recauda dinero para el ejército de Ucrania. Además, se le imputó la intención de enviar dinero al regimiento Azov de Ucrania, clasificado como organización terrorista en Rusia. Kliuka alegó que las transferencias fueron destinadas a familiares en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, y que fue presionado para confesar que financiaba al regimiento Azov.
Inicialmente, Daniil Kliuka fue acusado de enviar una donación de 20,000 rublos (aproximadamente 4,200 pesos mexicanos) a la brigada ultranacionalista ucraniana Azov, clasificada como “terrorista” en Rusia, cargo que él niega.
El profesor de 28 años y su entorno sospechan que su arresto fue el resultado de una delación por parte de alguien en su escuela.
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Desde marzo de 2022, cuando el presidente Vladimir Putin lanzó una campaña contra los “traidores” y llamó a la sociedad rusa a “autolimpiar” tras iniciar la invasión de Ucrania, ha habido una creciente ola de denuncias en todo el país.
Grupos de activistas cercanos al Kremlin han tomado la iniciativa de denunciar a cientos de personas ante la fiscalía. Según medios rusos independientes, algunas de estas delaciones provienen de conocidos y vecinos, motivadas por ideologías, codicia, envidia, ambición o con el fin de eliminar a un adversario.
Kliuka sostiene que su arresto fue resultado de una denuncia por haber garabateado “cuernos” y “barbas” en las fotos de autoridades rusas que aparecían en un periódico pro-Kremlin que se le obligaba a leer en su trabajo.
Kliuka sospecha que fue denunciado por la directora de su escuela, quien, según él, alertó al FSB, lo que resultó en su arresto y en una serie de torturas en una celda. Además, los agentes registraron su casa y le confiscaron el teléfono.
Al ser contactada a través de redes sociales, la directora del centro, Irina Kuzicheva, no respondió a las solicitudes de AFP.
Durante el registro, los agentes de seguridad encontraron transferencias de dinero en el teléfono de Kliuka que consideraron sospechosas. El profesor asegura que, bajo tortura, confesó haber donado dinero al Ejército ucraniano, aunque en realidad había enviado el dinero a un primo ucraniano que huyó de la invasión y que nunca formó parte de la brigada Azov.
AFP no pudo verificar las afirmaciones de Kliuka debido a que su caso está clasificado como secreto por el FSB, y sus abogados se exponen a ir a prisión si divulgan detalles del proceso.
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En agosto de 2023, Antonina Polishchuk, una activista rusa opuesta a la guerra que reside en Italia, respondió a una solicitud en línea para que las personas escribieran a los prisioneros políticos en Rusia. Decidió entonces iniciar correspondencia con Kliuka.
A través de sus cartas, Polishchuk descubrió que Kliuka estaba siendo procesado por “traición” y “financiación de una organización terrorista”, cargos comúnmente utilizados en Rusia contra la disidencia, tanto reales como fabricados.
Tras seis meses de intercambio de cartas, Polishchuk se dio cuenta de que Kliuka no contaba con un verdadero representante legal, sino con un abogado designado por el Estado, quien “en realidad trabajaba para el gobierno”.
Finalmente, la organización Memorial, coganadora del Premio Nobel de la Paz, financió los costos de un abogado para Kliuka.
Serguéi Davidis, jefe del programa de apoyo a prisioneros políticos de Memorial, comentó que es común que estos juicios se lleven a cabo en secreto, ya que de esta manera se facilita el silenciamiento del acusado y se oculta la magnitud de la represión.
Sin acceso a los documentos del caso, Memorial no puede incluir a Daniil Kliuka en su lista oficial de prisioneros políticos. Esta lista ya incluye 700 nombres, pero la ONG reconoce que solo representa una pequeña parte del total. Memorial estima que al menos 10,000 detenidos en Rusia están implicados en casos con alguna motivación “política”.
De esos casos, muchos corresponden a civiles ucranianos encarcelados en Rusia, alrededor de 7,000, según el Centro por las Libertades Civiles de Kiev, también premiado con el Nobel de la Paz. Uno de ellos era la periodista ucraniana Victoria Roshchina, quien falleció mientras estaba encarcelada en septiembre.
La organización rusa OVD-Info, que monitorea el sistema judicial y las detenciones en el país, informa que actualmente hay alrededor de 1,300 personas encarceladas por acusaciones políticas. Además, existen cientos o incluso miles de casos vinculados a traición, sabotaje o la negativa a luchar en Ucrania.
En una carta enviada a Kliuka, Polishchuk incluyó algunas preguntas de la AFP, evitando detalles del caso para sortear la censura. Una semana después recibió una respuesta desde la cárcel Matroskaya Tishchina de Moscú. Al día siguiente de recibir la carta de Kliuka, el profesor perdió su recurso y fue sentenciado a 20 años de prisión en un “régimen estricto”, lo que le impide recibir más de una visita y un paquete al año.
