El sector educativo concentra el mayor número de señalamientos.
Denuncias por acoso evidencian omisiones y falta de sanciones en el gobierno de Hidalgo. La administración del estado de Hidalgo enfrenta un panorama incómodo que contradice su discurso de ética y legalidad: 64 denuncias por acoso y hostigamiento sexual y laboral registradas en 13 dependencias gubernamentales, sin que hasta ahora se observen sanciones contundentes ni respuestas claras por parte de las autoridades.
Durante el gobierno encabezado por Julio Ramón Menchaca Salazar, las querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado por personal de distintas áreas exhiben prácticas recurrentes de abuso de poder dentro de oficinas públicas donde, al menos formalmente, se promueve el respeto a la dignidad laboral. Datos de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI), adscrita a la Contraloría, indican que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se documentaron 36 denuncias por hostigamiento laboral, 10 por acoso laboral, tres por hostigamiento sexual y tres más por acoso sexual.
En 12 expedientes ni siquiera se especifica con claridad la conducta denunciada, lo que refleja tanto desorden administrativo como opacidad en el manejo interno de estos casos dentro de la administración estatal.
El sector educativo concentra el mayor número de señalamientos. El Instituto Hidalguense de Educación acumuló 25 denuncias, mientras que la Secretaría de Educación Pública estatal registró 10, sumando entre ambas más de la mitad de los casos. Para muchos trabajadores, resulta contradictorio que instancias dedicadas a la formación y la legalidad encabecen estas estadísticas.
Otras dependencias también figuran en la lista. La Secretaría de Infraestructura Pública y la Secretaría de Gobierno reportaron siete denuncias cada una; la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia y la Universidad Politécnica de Energía contabilizaron tres casos respectivamente. Además, se registró una denuncia en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), el CECyTEH, la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema DIFH, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y la Oficialía Mayor.
Como respuesta oficial, la UEEPCI levantó actas administrativas contra las personas señaladas, advirtiendo que una reincidencia podría derivar en la rescisión de la relación laboral. Asimismo, los casos que implicaron violaciones a los códigos de ética y conducta fueron turnados a las instancias correspondientes para investigaciones administrativas o penales.
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No obstante, para las víctimas el impacto real de estas acciones sigue siendo incierto. Muchas optan por no continuar con los procesos ante el temor de represalias, especialmente cuando los presuntos responsables continúan en funciones bajo el respaldo de sus superiores.
La actual administración impulsó el llamado “Protocolo Cero”, un acuerdo del Poder Ejecutivo estatal destinado a prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral, con la promesa de procedimientos claros, protección a las víctimas y una política de cero tolerancia. Sin embargo, en la práctica, dichos lineamientos no se han traducido en cambios visibles.
El propio protocolo establece que el concentrado de denuncias correspondientes a 2025 debe hacerse público a más tardar el primer día hábil de marzo. Con la fecha cada vez más cercana, crece la expectativa de conocer resultados concretos, sanciones ejemplares y, sobre todo, un viraje de fondo en una administración que prometió erradicar viejas prácticas, pero que hoy carga con el peso de sus omisiones y del silencio institucional que las rodea.
