Las y los trabajadores subrayan que el incumplimiento salarial pone en riesgo la subsistencia de sus familias.
Trabajadoras y trabajadores del Estado de Nayarit, agremiados al SUTSEM, emprenden éxodo a pie de Tuxpan a Tepic ante falta de pago de prestaciones y denuncian criminalización de la protesta social. Más de 500 trabajadoras y trabajadores del Estado de Nayarit, agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), realizan un éxodo a pie desde Tuxpan hasta Tepic, la capital del estado, para denunciar el incumplimiento en el pago de prestaciones laborales y la criminalización de la protesta social en la entidad.
Óscar Flavio Cedano Saucedo, dirigente sindical informó que la decisión fue tomada en asamblea, luego de que el Ayuntamiento de Tuxpan y el Gobierno del Estado ignoraron durante meses las solicitudes de diálogo y solución. Los adeudos incluyen aguinaldo, primas, fondo de ahorro y otras prestaciones correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026.
La movilización, denominada “Éxodo por la Justicia y la Dignidad de los Trabajadores”, partió el sábado 24 de enero desde la plaza principal de Tuxpan y avanzará por la carretera internacional hasta llegar a la Fiscalía General del Estado y al Palacio de Gobierno en Tepic el lunes 26 de enero por la tarde-noche. El SUTSEM subraya que este recorrido de más de 80 kilómetros no solo denuncia la falta de pago de prestaciones, sino que visibiliza una crisis de gobernabilidad laboral que afecta a miles de familias en Nayarit.
El sindicato expresó preocupación por la difusión de videos institucionales de la Fiscalía General de Nayarit, en los que se advierte sobre sanciones penales por “ataques a las vías de comunicación”, mensajes que considera intentos de inhibir la protesta pacífica, contrarios a los estándares constitucionales y a los tratados internacionales suscritos por México.
Las y los trabajadores subrayan que el incumplimiento salarial pone en riesgo la subsistencia de sus familias. “No es una protesta política; es una exigencia de derechos y de dignidad laboral”, señalaron.
El conflicto se desarrolla en medio de denuncias por presuntos desfalcos en administraciones municipales anteriores. A pesar de las acusaciones públicas del propio Ayuntamiento y del sindicato, la Fiscalía no ha esclarecido el destino de los recursos, lo que mantiene en incertidumbre el origen de la crisis financiera. El SUTSEM notificó a la Secretaría de Gobernación el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y solicitó auxilio vial, escolta preventiva y medidas de seguridad para garantizar la integridad de las y los participantes durante el recorrido.
Además sindicato reiteró su llamado al Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para que intervenga directamente en la solución del conflicto, garantice el pago inmediato de los adeudos y cese cualquier forma de represión institucional.
“Caminar de Tuxpan a Tepic no es una amenaza; es la evidencia del fracaso institucional cuando se ignoran los derechos de quienes sostienen el funcionamiento del Estado”, afirmó Cedano Saucedo.
El éxodo ocurre en el marco de un conflicto laboral que se mantiene desde el inicio de esta administración, con más de cuatro años de violaciones a los derechos laborales y humanos, corrupción e impunidad, y que se agudizó en agosto de 2025, cuando el SUTSEM instaló un plantón permanente para exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales, la entrega de la Toma de Nota 2024–2027, el respeto al Convenio Colectivo Laboral y el pago de incrementos salariales pendientes desde 2013. En respuesta, el Gobierno estatal, por medio de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ha implementado medidas consideradas punitivas y desproporcionadas, entre ellas la integración de más de 200 carpetas de investigación, el desalojo violento del plantón con la participación de más de 150 elementos armados y encapuchados, así como la imposición de medidas cautelares como la suspensión parcial del salario, la obligación de firma periódica, el pago de fianza y restricciones para salir del estado. El SUTSEM califica estas acciones como castigo político y violaciones a derechos humanos, constitucionales e internacionales.
