En Jalisco, agrupaciones de padres de familia solicitaron a legisladores que, antes de avanzar en reformas relacionadas con infancias y adolescencias —particularmente en temas vinculados a identidades de género—, se escuche a organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con niñas, niños y jóvenes.
Durante un posicionamiento público, señalaron que cualquier modificación legal debe considerar como ejes centrales la salud, la educación y la atención a la salud sexual, así como la voz de la ciudadanía y los derechos y responsabilidades de madres, padres y tutores.
Montserrat Villalobos Cortés, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, subrayó la importancia de comprender correctamente el principio de autonomía progresiva de las personas menores de edad, destacando que este concepto no implica la ausencia de acompañamiento familiar, sino un proceso gradual que debe tomar en cuenta la madurez, el acceso a información suficiente, la libertad real y el contexto familiar.
Las agrupaciones anunciaron que impulsarán una consulta popular con el objetivo de abrir un espacio institucional para que la sociedad jalisciense participe en la discusión. Aseguraron que esta iniciativa no busca eliminar derechos, sino fortalecer la legitimidad de las decisiones legislativas y garantizar una protección integral de la niñez.
En ese sentido, hicieron un llamado a construir una legislación que consideren responsable, equilibrada y centrada en el bienestar de niñas y niños, incorporando la perspectiva de las familias y el interés superior de la infancia.
Asimismo, invitaron a la ciudadanía a informarse y participar a través de una plataforma digital promovida por diversas organizaciones, en la que se busca recabar opiniones sobre la denominada “Ley Trans”.
Por su parte, Pablo Hernández, presidente de la asociación civil Padres para Siempre, reconoció a los legisladores que han rechazado dictámenes previos en la materia y expresó la disposición de estos colectivos para colaborar en la construcción de propuestas que integren salvaguardas jurídicas y el enfoque de derechos de la niñez.
