A más de 23 años de su entrada en vigor, Estados Unidos, México y Canadá ponen hoy en marcha el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN), en medio de expectativas de un proceso constructivo y expedito que beneficie a los tres países.
El banderazo de salida estará a cargo del representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y la canciller canadiense Chrystia Freeland.
Freeland coincidió en que Canadá espera “una conversación productiva y constructiva”. “Hemos estado construyendo durante algún tiempo una muy fuerte relación entre Canadá y México, incluyendo una fuerte relación entre nosotros dos”, añadió.
Estados Unidos dejó por su parte en claro que pretende un calendario “ambicioso” y “agresivo” de renegociación del TLCAN, que resulte en beneficios para los tres países, de acuerdo con un funcionario de la Representación Comercial de la Casa Blanca.
Durante la primera ronda de negociación, los tres países definirán alrededor de 30 capítulos, compartirán propuestas de texto de forma clasificada, intercambiarán cifras comerciales y empezarán el proceso de identificar coincidencias y discrepancias.
La primera ronda se extenderá por espacio de cinco días en la capital estadunidense. La segunda ronda tendrá lugar en México y la tercera en Canadá en algún momento del invierno.
La meta de Estados Unidos es eliminar los déficits comerciales con México y Canadá, eliminar el Capítulo 19 de Resolución de Controversias e incorporar temas no incluidos en el acuerdo original, como manipulación de divisas y corrupción.
Por su parte, México ha señalado que busca que la modernización del TLCAN resulte en una mayor integración de los tres socios comerciales norteamericanos y que se eviten retrocesos en relación con los avances comerciales hasta el momento.
Mientras que Canadá desea un acuerdo trilateral “más progresista” con salvaguardas laborales sólidas y disposiciones ambientales que combatan el cambio climático y reformar el proceso de solución de controversias entre inversionistas y Estado, para asegurar que los gobiernos tengan un “derecho ineludible” a regular en el interés público.
