Los códigos civiles estatales de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora aún permiten el matrimonio entre menores de 18 años.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), exhortaron a los gobiernos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora a armonizar sus legislaciones conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los tratados internacionales, a fin de prohibir el matrimonio a personas menores de 18 años.
“Si bien con la reforma al Código Civil de Chihuahua todos los estados del país han establecido los 18 años como edad mínima para casarse, aún cinco códigos civiles estatales permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa”, señaló la ONU en un boletín.
En un comunicado conjunto, los organismos internacionales señalaron que además el artículo 148 del Código Civil Federal aún permite el matrimonio desde los 14 años en el caso de las mujeres y 16 para los varones, en contravención de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida por el Congreso Federal.
“La erradicación del matrimonio infantil requiere de una estrategia integral que incluya políticas y programas de protección social centrados en aliviar las dificultades socioeconómicas y favorecer el acceso a una educación de calidad, así como el empoderamiento de las niñas y las adolescentes “, agrega el pronunciamiento.
Señalaron que según los datos más recientes provenientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2014, en México, 23.75% de las mujeres de entre 15 y 54 años de edad contrajeron matrimonio antes de los 18 años, mientras que en 2015, del total de matrimonios registrados de menores de 15 años, 98.4% fueron de niñas y adolescentes mujeres.
Por lo que exigieron “eliminar las excepciones, pues facilitan la persistencia de prácticas que violan los derechos de la infancia, particularmente los de las adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad”.
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