El gobierno de Michoacán aseguró que el cobro de servicios de la PGJE para víctimas del delito, aprobado en la Ley de Ingresos 2018, aplica únicamente para particulares e instituciones ajenos a la procuraduría
Después de que en la sesión del jueves el Congreso de Michoacán aprobara la Ley de Ingresos por 65 mil 605 millones de pesos para el próximo año se contemplara el cobro de los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a las mujeres víctimas de violencia, para que paguen los estudios que demuestren que fueron agredidas física o psicológicamente, la PGJE informó mediante un comunicado de prensa que dichas pruebas y valoraciones que realice con motivo de la investigación y persecución del delito son y seguirán siendo gratuitas.
Aclarando que la Ley Orgánica de la dependencia contempla exclusivamente costos por pago de derechos de pruebas periciales requeridas por particulares o instituciones ajenas a las investigaciones que realice la fiscalía estatal, y son estos los que están considerados en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del año 2018, ratificando su compromiso de garantizar el acceso a la justicia a través de investigaciones respaldadas con certificaciones y valoraciones gratuitas.
Tras la polémica desatada después de darse conocer la aprobación, la legisladora del PT, Fabiola Fraga, externo que esta medida generará más discriminación e inhibe a las mujeres para acudir a denunciar.
Y es que, Socorro de la Luz Quintana, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, había solicitado incorporar un artículo transitorio que designara una partida presupuestal a la atención de la violencia de género mediante un anexo para aplicar la Alerta de Género en 14 municipios de la entidad, declarada así desde el 26 de junio de 2016, dados los casi 300 feminicidios registrados en los dos últimos años.
Sin embargo, los legisladores rechazaron la propuesta de garantizar que la aplicación del presupuesto se realice con visión de equidad de género y aprobaron el cobro de las pruebas de violencia física, psicológica y un estudio de visita domiciliaria, emitidos por la Procuraduría estatal, con un costo de 472 pesos, cada uno.
Imagen: http://congresomich.gob.mx/
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