Amazon ha llegado a un acuerdo con el fisco francés, del que no han trascendido detalles económicos, para zanjar el contencioso que enfrentaba desde 2012 por el reclamo de unos 200 mdd en impuestos
El grupo estadounidense del comercio en línea, Amazon, que había revelado en 2012 ser objeto en Francia de una rectificación tributaria, anunció este lunes haber llegado a un “acuerdo de arreglo global” con el fisco francés, lo que supone un paso en el combate por fiscalizar mejor en Europa a los gigantes del sector.
El acuerdo pone fin a un conflicto que duraba ya cinco años: en 2012, el Ministerio de Economía francés había notificado a la filial francesa de Amazon que era objeto de una rectificación tributaria en concepto de impuestos atrasados y penalidades entre 2006 y 2010, según un documento financiero de la época del gigante estadounidense.
El fisco francés exigía 252 millones de dólares (202 millones de euros) a Amazon, según dicho documento del gigante estadounidense, que había expresado entonces su claro “desacuerdo” con esta estimación.
En su comunicado de este lunes, Amazon no precisa el importe de la suma que tuvo que pagar en el marco de este arreglo.
“Hemos llegado a un acuerdo de arreglo global con las autoridades fiscales francesas sobre temas vinculados con el pasado”, afirma el comunicado de Amazon, que precisa que “el conjunto de las cifras de negocios, gastos, beneficios y tasas vinculadas al comercio minorista están a partir de ahora contabilizadas en Francia”.
En 2012, la Dirección General de las Finanzas Públicas, ente adscrito al Ministerio de Finanzas de Francia, reclamó a la multinacional estadounidense el pago de casi 200 millones de euros (248,360.000.00 USD) en impuestos por los ingresos generados en el país y que la multinacional canalizaba a través de Luxemburgo, beneficiándose de un régimen de imposición ventajoso.
Este gigante del comercio en línea ya había anunciado a mediados de diciembre pasado un acuerdo con el fisco italiano, en el que se prevé el pago de 100 millones de euros (USD 124 millones) para poner fin a una investigación por fraude fiscal.
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