Tras la desaparición de tres ciudadanos italianos en Tecalitlán, Jalisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares de protección a los napolitanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares de protección a los italianos desaparecidos hace 47 días en Tecalitlán, Jalisco, y solicitó al gobierno mexicano que “adopte medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.
La medida cautelar está identificada con el número 201-18 y fue publicada el pasado 16 de marzo en la resolución No. 20/2018, por lo que de esta manera la CIDH aceptó el recurso presentado por los abogados Claudio Falleti y Grisela Herrera, miembros de la Organización Mundial de Abogados (OMA).
En el documento de la resolución se lee que existen los requisitos de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”, previstos en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, y que constituyen elementos suficientes para pedir el gobierno mexicano “acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados”.
“Estamos satisfechos porque la CIDH respondió nuestra solicitud en un tiempo muy breve. Las desapariciones forzadas constituyen una violación múltiple de los derechos fundamentales del ser humano, tan graves, que si se convierten en una práctica sistemática o generalizada pueden calificarse como un crimen contra la humanidad”, afirmó el abogado de los familiares de los desaparecidos, Claudio Falleti.
La resolución establece que el Estado de México tiene un plazo de 15 días para informar a la Comisión sobre la adopción de estas medidas cautelares (es decir hasta el viernes 30 de marzo) y a su vez deberá informar periódicamente a la CIDH sobre los avances en la búsqueda.
Por su parte, Francesco Russo, hijo de Raffaele Russo y hermano de Antonio Russo, salió al paso de las acusaciones publicadas en algunos medios en donde identifican a los desaparecidos como “presuntos estafadores”.
“Es una vergüenza que la autoridad mexicana siga investigando sobre las actividades de nuestros familiares, en lugar de buscarlos. Es justo que paguen su cuenta con la justicia si han hecho algo malo, pero primero los encuentren. Son tres vidas humanas y ningún delito se paga con la desaparición”, afirmó Francesco Russo.
Con información de Marinellys Tremamunno
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