El juez Pablo Llarena abandonó, además, las solicitudes de extradición de otros cinco políticos separatistas catalanes acusados de rebelión; recientemente una corte alemana aceptó extraditar a Puigdemont por malversación de fondos
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los políticos independentistas catalanes, ha rechazado la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación, tal como decidió la semana pasada la Audiencia de Schleswig-Holstein. Llarena ha decidido retirar la euroorden que pesaba contra Puigdemont además de otros fugados, como son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
Esta decisión implica que el expresidente catalán permanecerá en libertad, pero no podrá regresar a España hasta pasados un mínimo de 20 años ya que sería automáticamente arrestado al estar vigente la orden de detención nacional.
La Fiscalía del Supremo también se ha sumado a las críticas contra la Audiencia de Schleswig-Holstein. En un escrito en el que se opone a la puesta en libertad de los presos preventivos del procés, la fiscalía critica la “indebida intromisión” de la Audiencia de Scleswig-Holstein en la jurisdicción de los tribunales españoles.
El fiscal asegura que, con su decisión de entregar a Carles Puigdemont a España por malversación pero no por rebelión, el tribunal alemán ha asumido funciones de enjuiciamiento atribuidas por la ley al Supremo, “lo que dificulta notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión”.
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