La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que se inició por este caso.
Asimismo, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar el caso de manera integral y no fragmentada, basada en todos los componentes que provocaron el socavón, en el que perdieron la vida dos personas, ya que solo hay 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, pero ninguno penalmente o por falta de rendición de cuentas.
Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, fueron el origen del socavón que dónde fallecieron padre e hijo que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en él, y a dos personas más en diferentes situaciones.
El segundo visitador general del organismo, Enrique Guadarrama López, aseveró que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tuvo la oportunidad de explicar las causas de la falla; sin embargo, hizo declaraciones faltas de verdad.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente. La SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo. Por el contrario, su titular realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación”.
Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a la SCT, a Banobras, a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Morelos, en la que les pide reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, las autoridades responsables deberán ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio.
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