Los legisladores incluyeron en el proyecto de presupuesto una partida de $13.9 millones para sus gastos de vestuario y artículos deportivos
A pesar de que El Congreso de la Ciudad de México redujo su gasto en un 25.36 por ciento y aprobó una ley de austeridad, no se han dejado por completo los gastos superfluos.
Hasta el cierre de esta edición el Proyecto de Presupuesto para el órgano legislativo destinaba 13 millones 900 mil pesos en vestuario, prendas de protección y artículos deportivos, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2000, es decir, cada diputado podrá gastar hasta 210 mil pesos del erario.
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Sólo para el servicio de arredamiento de inmuebles, locales, terrenos y vehículos, los diputados podrán gastar 23 millones de pesos.
Los diputados justifican que el gasto de arrendamiento de inmuebles se limitó, promoviendo la integración de espacios físicos.
Sin embargo las altas cifras designadas a diputados no terminan, para el rubro de alimentos hay etiquetados seis millones 30 mil pesos, es decir que cada día pueden gastar 22 mil 818 pesos.
En su totalidad el Congreso de la Ciudad indica un presupuesto de mil 766 millones 54 mil 290 pesos.
El total de los recursos mil 214 millones 800 mil pesos serán destinados para remuneraciones del personal en el Congreso; como son sueldos, dietas, honorarios asimilables y prestaciones.
Para materiales y suministros vinculados con las labores legislativas y administrativas se destinarían 45 millones 425 mil pesos.
Para ayudas, subsidios y transferencias se estiman 321 millones 500 mil.
En lo que se refiere a servicios generales se cuenta con 171 millones 540 mil pesos y para ayudas, subsidios y en transferencias hay una bolsa de 321 millones 500 pesos.
A nivel general, el presupuesto se redujo 598 millones de pesos, en comparación a lo autorizado por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para este año que fue de 2 mil 364 millones.
En el proyecto presentado se argumenta que la adquisición y suministros se realizó de conformidad al catálogo de bienes proporcionados por la Dirección general de Administración y que se procurará la consolidación de los requerimientos para licitación pública y la reducción al mínimo de las compras directas con una política de optimización y fomento al ahorro.
“Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable”, se argumenta.
También se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones para transparentar los procesos.
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