Los padres de los 43 estarán presentes, siguen esperando justicia
El medio día de hoy será testigo de la creación de la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en en el Caso Ayotzinapa. La creación de dicha comisión fue uno de los compromisos de campaña del presidente López Obrador y el pasado 4 de diciembre la decretó , esto en el primer acto que tuvo como presidente de México.
De acuerdo con el decreto presidencial, ésta deberá estar conformada por al menos un representante de la Secretaría de Gobernación, otro de Hacienda que será el encargado de ver que se le otorguen los recursos necesarios para su funcionamiento; uno más de la Cancillería, quien se encargará de firmar los acuerdos para que puedan colaborar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU; así como por los familiares de los desaparecidos, sus abogados y los expertos que se requieran.
Los trabajos tomarán en cuenta el expediente de la Procuraduría General de la República, que apunta a que los normalistas habrían sido asesinados y calcinados por integrantes del crimen organizado en el basurero de Cocula, así como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso.La labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se integrará, así como la investigación que llevó a cabo la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se prevé que coadyuven instancias internacionales.
La Secretaria de Gobernación albergará esta comisión y también será sede del acto con el que se inaugura. Los padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 estarán presentes- Ellos designaron el fin de semana a sus representantes en dicha comisión. Emiliano Navarrete, Mario César González, Cristina Bautista, Hilda Legideño y María Martínez, son los elegidos.
También asistirán representantes de organizaciones que han acompañado todo este tiempo a los familiares de los desaparecidos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, así como Alejandro Encinas, subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y quien coordinará los trabajos de la comisión.
Encinas se pronunció el día de ayer diciendo que se agotarán todas las líneas de investigación que se encuentren abiertas, que no hay un plazo fijo establecido para llegar a la verdad y que, como lo ordenó un juez federal la semana pasada, se investigará la posible responsabilidad de funcionarios de la PGR por irregularidades en los trabajos que realizaron sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
“Es un mandato judicial (investigar a funcionarios), ya con la resolución del juez, está la autoridad judicial, próximamente la Fiscalía General de la República tendrá que atender esta resolución del mismo Poder Judicial”.
” Habrá que implementar la interlocución necesaria con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, se cree una fiscalía especial para la investigación de los hechos, asegurando que las investigaciones se realicen con imparcialidad y apego a la ley”
También hizo un llamado a los embajadores y cónsules representantes de México en el mundo, para informar que la “verdad Histórica ” es inexistente.
“El año pasado los mandaron (embajadores) a defender la verdad histórica, hoy les dijimos que la verdad es que no hay verdad y que se ha creado una Comisión para la Verdad y Justicia en el Caso Ayotzinapa. La verdad histórica no existe”
Tres pilares serán los que sostendrán el caso Ayotzinapa:
El primero es la creación de esta comisión, que debe asegurarse que lo espresado por López Obrador, aterrice en todas las dependencias del gobierno.
El segundo será la investigación penal, en las que las investigaciones del Ministerios Público, deberán coordinarse con las familias de las víctimas.
El tercero será la asistencia técnica internacional, cuya propuesta es que un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoye en la investigación de las irregularidades que cometieron funcionarios públicos en la investigación.
Han pasado más de cuatro años de aquel lamentable suceso, tal vez el más significativo del sexenio de Peña Nieto, que dejó ver los niveles de impunidad existentes en el país. Se trató de dar carpetazo al asunto con la presentación de la “Verdad histórica” difundida por Murillo Karam, pero fue desestimada por expertos.
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