Estados como Nuevo León se han opuesto a la preliberación de internos que -dicen- representen peligro para la sociedad
Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, las autoridades de diferentes estados en México han tomado la decisión de liberar o preliberar con brazaletes electrónicos de seguimiento a reos en situación de vulnerabilidad de diversos penales estatales, y con ello evitar brotes al interior de los centros.
En Guerrero, el gobierno propuso al Poder Judicial del estado analizar, evaluar y determinar los casos de personas que podrían ser liberadas por vulnerabilidad ya sea por contar con edad avanzada, estar en estado de embarazo o al cuidado de hijos menores dentro de los penales.
El gobierno estatal pidió considerar a los internos que puedan acceder a alguno de los beneficios de preliberación establecidos en la ley, ya sea por encontrarse próximos a cumplir su condena o por pugnar condenas por delitos no graves.
Se plantea que podrían obtener su libertad 45 personas sentenciadas y próximas a compurgar su pena de mayo a diciembre de 2020, mientras otros 103 internos podrían alcanzar este beneficio de libertad por criterios de política penitenciaria y lograr que este beneficio llegué alrededor de 150 personas.
En el estado de Nuevo León, por su parte, informó que el gobierno estatal no tiene la facultad para ordenar la preliberación de internos en penales, pues dicha acción es un derecho que se ejercita individualmente ante el Poder Judicial, por aquellos internos que han cumplido los requisitos de ley.
“No es posible manipular los requisitos de ley ni otorgar derechos que no existen en favor de persona alguna, correspondiéndole exclusivamente al Poder Judicial resolver sobre el particular”, especificaron en un comunicado.
Ante esto, aclaran que de conformidad con el Artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible obtener la preliberación de internos adultos mayores sentenciados, con enfermedad crónico-degenerativa o terminal, que no hayan cometido delitos graves, y que deberán tener medidas de vigilancia externa.
Además enfatizó que el Gobierno del Estado, a través de los órganos competentes y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, se ha opuesto y seguirá oponiéndose a la preliberación de internos que representen peligro para la sociedad.
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NCV
