Si un médico critica al gobierno nicaraguense por las malas decisiones para “enfrentar” al coronavirus lo despiden de inmediato.
En la batalla contra el Covid-19, el gobierno de Nicaragua dejó sin protección a su personal de salud. Todo con el fin de aparentar una falsa normalidad.
Estamos pagando las consecuencias de no haber cumplido los protocolos de una forma actualizada desde un inicio.
Comenta un médico nicaragüense, quién sirve en un hospital público en Nicaragua y pidió total anonimato por temor a represalias.
El profesional destaca que las quejas anónimas son constantes en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, si un médico critica al gobierno por sus malas decisiones para “enfrentar” al coronavirus lo despiden de inmediato.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano, registró hasta el 20 de mayo un total de 246 trabajadores de salud presuntamente afectados por Covid-19, de los cuales fallecieron once.
Se trata de tres enfermeros, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista y dos elementos más del área de salud perdieron la vida por el coronavirus.
Nulas medidas de prevención:
El gobierno de Daniel Ortega trató de forma relajada la amenaza del Covid-19. No hubo cierre de fronteras, ni cuarentena, tampoco se cancelaron clases presenciales y además, se estimularon las actividades de concentración masivas.
La Amnistía Internacional declara en un informe publicado este mes que: “El gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia”.
En dicho informe subraya el riesgo al que han sometido el personal de salud en Nicaragua y señala que: “este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados”, esto derivado de las represalias, despidos y acoso a médicos y especialistas del área de salud que exigen el uso de EPP (Equipo de Protección Personal).
En Nicaragua el uso de las mascarillas representó un asunto político. Los simpatizantes del gobierno señalaban que el uso de los cubrebocas y el aislamiento físico representaban una alarma innecesaria y eran utilizados por los opositores de Daniel Ortega para desestabilizar el régimen.
El debate sobre el uso de la mascarilla terminó cuando Rosario Murillo, vicepresidente de la República y esposa de Daniel Ortega, recomendó: “la distancia personal de precaución, también el uso de mascarilla”.
El médico anónimo reconoce que los protocolos han mejorado en los últimos días. Por lo que ya se permite el uso de mascarillas en hospitales, aunque tengan que ser compradas “por uno mismo”.
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