Es innegable que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y relegadas a un segundo plano en los ámbitos de decisión de todos los órdenes
El Grupo Parlamentario del PAN planteó una serie de reformas a la legislación reglamentaria para establecer que los servidores públicos que lleguen a conocer conductas de violencia contra las mujeres, deberán denunciarlas de inmediato ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, quien o quienes sean responsables serán sancionados hasta con 2 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.
Con ese propósito presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; adicionar el artículo 31 Bis; reformar el artículo 419 de la Ley General de Salud y para reformar el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación.
Los proponentes refirieron que la ONU ha definido la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”.
Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Señalaron que es innegable que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y relegadas a un segundo plano en los ámbitos de decisión de todos los órdenes, sea en el poder público o en el contexto social, empresarial o familiar. Esa desigualdad y discriminación respecto de los hombres, es una forma de violencia contra ellas por razón de género.
Para esto, proponen establecer en legislación que los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, llegaren a saber/conocer de conductas que pudieren constituir violencia contra las mujeres, deberán denunciarlas ante las autoridades correspondientes. Lo mismo sucederá con el personal de salud de los sectores público, social y privado.
En caso de que los docentes, señalan que el personal que labora en los planteles educativos y las mismas autoridades educativas que tengan conocimiento de la comisión de algún hecho considerado como delito en agravio de los educandos, lo deberán hacer del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.
Las y los senadores panistas establecieron en su inicitiva de reformas y adiciones que se sancionará con multa hasta 2 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, por la violación de las disposiciones contenidas en 19 artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas Para la Igualdad de Género,y de Estudios Legislativos, Primera.
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