Un informante reveló que el anterior secretario interino de Seguridad Nacional también concretó acuerdos como el rescindido
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso fin al acuerdo que el fiscal general de Arizona firmó para tratar de acotar la capacidad del presidente Joe Biden de revertir las políticas de migración implementadas por su predecesor.
La medida fue anunciada este miércoles mientras el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya puso en pausa esta orden.
“La comunidad de seguridad pública está particularmente preocupada por el hecho de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad como resultado de la moratoria de 100 días del DHS”, señaló Brnovich en la demanda federal
Añadió que las autoridades también temen que “liberar a individuos durante la pandemia de coronavirus abrumará aún más a los hospitales y los servicios sociales a nivel local y condal”.
Una orden judicial emitida el mes pasado prohibió temporalmente al gobierno estadounidense implementar una pausa en las deportaciones, tal como lo había impuesto Biden a los primeros días de tomar el poder.
Los acuerdos señalan que las jurisdicciones tienen el derecho a un periodo de consulta de 180 días antes de que las modificaciones de políticas del poder ejecutivo entren en vigor.
Otras posibles medidas en contra
Esto surge la misma semana en la que un informante reveló que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, también concretó acuerdos de último momento con un sindicato del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno, dijo en una denuncia de informante enviada el lunes al Congreso y dos organismos federales de supervisión, que los acuerdos laborales conceden “un poder y unos beneficios extraordinarios” al sindicato American Federation of Government Employees ICE Council 118, el cual representa a unos 7.500 empleados y respaldó a Trump en 2016 y 2020.
Además de mejorar los beneficios económicos, los acuerdos dan al sindicato el poder para postergar los cambios a las políticas y a las prácticas de aplicación de la ley de inmigración, según la carta que el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno presentó en nombre de un empleado federal que no fue identificado.
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Estos acuerdos permanecerían en vigor por ocho años a menos que el DHS los impugne para el 17 de febrero, que es 30 días después de que Cuccinelli los firmó.
Por el momento, los funcionarios del DHS designados por Biden no han dicho si tomarán medidas para invalidar los acuerdos laborales.
El funcionario del sindicato que los firmó, Chris Crane, no respondió a una solicitud de comentarios.
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CAB
