Como pruebas hubo videos que circulan por diferentes medios y redes sociales y declaraciones expresas de personas involucradas
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó una medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información electoral, y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra la Covid-19.
Este martes, la comisión emitió la resolución luego de que el PAN presentó una queja contra Morena por la presunta realización de padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.
Según se indicó, todo lo anterior tenía que ver con el registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles que llevan a cabo personas que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria.
Se argumentó que estas personas solicitan datos e información personal a la ciudadanía de su credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.
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Ante la denuncia, el INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permitieron presumir la existencia de las conductas señaladas.
Como pruebas hubo videos que circulan por diferentes medios y redes sociales y declaraciones expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar contratadas por el partido político señalado.
El orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues éstos son ajenos de las finalidades establecidas para los partidos.
Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales, incide el INE en su resolución.
Durante la sesión por el mandato, el consejero Ciro Murayama señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal no es legal: “la distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”.
Por su parte, la consejera Adriana Favela indicó: “dichas personas llevan a cabo un uso y aprobación indebida de programas gubernamentales, solicitando para ello información contenida en la credencial para votar”.
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CAB
