Se estableció que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.
Con el voto de Morena, sus aliados y algunos legisladores del PAN, el pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a través de la cual se establece que ningún servidor público reciba remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.
El decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Al funcionario que violente esta ley recibiendo una percepción de mil veces superior al Valor de la Unidad y Actualización (UMA), es decir, 89 mil 620 pesos, se le impondrá la destitución e inhabilitación de cuatro años a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión y procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la hacienda pública federal.
De acuerdo con la norma aprobada por Morena, aliados y el PAN, se establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.
Al manifestar su voto en contra, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que con esta reforma nuevamente se viola el principio de equilibrio de poderes en el país.
“Con apego a la declaratoria de inconstitucional, en esta nueva ley se debieron regular las remuneraciones de los servidores públicos de la administración pública federal, pero no las de los otros poderes y organismos autónomos. Una vez más se están invadiendo las esferas de autonomía e independencia de los otros poderes de la unión y lo más lamentable es que este poder legislativo se preste a acompañar el titular del Ejecutivo federal para imponer una norma inconstitucional”, destacó.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, consideró que no se pueden comparar las funciones ni responsabilidades entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
“Por eso creo, que con este argumento que todos compartimos sobre todo la ciudadanía, sobre todo, el pueblo de México de carácter ético hemos pretendido confundir una discusión. Esta es una discusión que tiene que ver en cómo podemos construir una administración pública profesional, eficaz y justamente remunerada. La remuneración justa que corresponda a la profesionalización y capacidad de funcionarios”, mencionó.
De acuerdo con el documento, no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos. No se cubrirán remuneraciones con efectos retroactivos. En la fijación de remuneraciones y la ocupación de plazas siempre debe existir una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que en iguales condiciones, las percepciones sean las mismas para mujeres y hombres.
No tendrán derecho a liquidación o compensación por el término de su periodo, renuncia, remoción o separación los secretarios y subsecretarios de Estado, directores de organismos descentralizados y de empresas productivas del Estado, titulares de organismos u órganos autónomos, estén o no incorporados al presupuesto, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
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AFG
