Será este órgano jurisdiccional el encargado de validar o no la candidatura de Maru Campos, quien es investigada por las autoridades
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) aceptó este lunes la impugnación de Morena contra María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN y del PRD a la gubernatura de Chihuahua.
María Eugenia Campos Galván está vinculada a un proceso judicial por el presunto delito de cohecho y por supuestamente haber estado involucrada en la nómina secreta del exgobernador del estado, César Duarte.
En el documento aceptado por la Sala Superior del TEPJF, con el número de expediente SUP-JRC-055/2021, se establece que será este órgano jurisdiccional el encargado de validar o no la candidatura de Maru Campos, quien es investigada por las autoridades por presuntamente haber recibido dinero de César Duarte cuando ella fue diputada.
El pasado 23 de abril, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua validó el registro de Maru Campos, al desechar las tres impugnaciones a elegibilidad de la candidatura que habían interpuesto Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza Por México.
Los tres partidos aseguran que su candidatura es improcedente e inconstitucional. Sin embargo, Morena ha presentado un nuevo recurso, pero en el nivel más alto: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. El caso quedó en la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso.
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El 16 de abril, la candidata del PAN y el PRD al gobierno de Chihuahua se amparó para poder diferir por tres meses la audiencia en su contra sobre los presuntos delitos de cohecho y uso indebido de funciones públicas.
El juez de control Ramón Gerardo Olguín Licón informó que Campos presentó un amparo promovido por el Juez Octavo de Distrito, para evitar la causa penal 3022/2020.
En esta audiencia le iban a informar las anomalías identificadas durante su primera administración como presidenta municipal de Chihuahua, cargo que ejerció de agosto de 2018 a enero de 2021.
En dicho periodo, presuntamente recibió una tarjeta bancaria y recursos por 1.3 millones de pesos por parte de empresarios que se vieron beneficiados con adjudicaciones de obra pública.
La causa penal involucra a cinco compañías que supuestamente simularon que procesos competitivos en las licitaciones. Las empresas involucradas son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
Presuntamente, dos de esas empresas obtuvieron contratos por 7 millones de pesos y otras tres por más de 5 millones de pesos durante la gestión de Maru Campos.
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CAB
