Tras realizar una auditoria de desempeño en la expedición de cédulas profesionales, la ASF encontró que el marco normativo general y específico para el servicio no fue congruente, pertinente ni actualizado.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que el registro de títulos y expedición de células profesionales realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no permitió garantizar el otorgamiento de los documentos de forma eficiente y eficaz a los egresados de educación superior.
Tras realizar una auditoria de desempeño en la expedición de cédulas profesionales, encontró que el marco normativo general y específico para el servicio no fue congruente, pertinente ni actualizado, ya que las disposiciones generales contenidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y su reglamento, datan de hace 75 años.
Añadió que las disposiciones específicas no han sido revisadas ni actualizadas desde un enfoque integral que procure la concurrencia de las entidades federativas en el establecimiento y unificación de las bases para el registro de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales.
Asimismo, la SEP reportó el registro de 305 mil 333 títulos o grados académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del nivel superior, pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos, por lo que no contó con parámetros para evaluar su oportunidad.
También, registró 29 mil 588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen ni su correspondencia con las cédulas emitidas, ni con las 19 mil 499 solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido, “lo que evidenció áreas de mejora en el procesamiento de información”.
La ASF también encontró inconsistencias con los estados, ya que la SEP no acreditó la implementación de mecanismos de coordinación con las entidades federativas para uniformar las normas a que deba sujetarse el ejercicio profesional.
“Si bien se reconocen avances en el proceso de expedición de cédulas profesionales electrónicas, deben fortalecerse los mecanismos implementados por la SEP en la materia, para garantizar que se lleve a cabo un proceso de mejora continua que evite poner en riesgo la actividad rectora del Estado en materia de ejercicio profesional, para contribuir a que los profesionistas cuenten de forma oportuna con un registro que les permita ejercer su profesión en un marco de legalidad y certeza jurídica”, expuso la ASF.
En cuanto a los recursos, en 2020 se reportó que el programa “Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones” ejerció 6 millones 987 mil pesos, lo cual coincide con lo comprobado mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) entregadas por la dependencia y lo registrado en sus adecuaciones presupuestarias.
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