Se destaca además que la población carcelaria tuvo un aumento significativo en 2020.
Un estudio realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dio a conocer que los actos de tortura se profundizaron en México durante el 2020, debido a la pandemia por covid-19. De acuerdo con dicho informe presentado en Ginebra, Suiza, en los primeros 18 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias, en contra de agentes federales, por posibles actos de tortura que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259.
La organización señaló que de esa cifra, sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria; en el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, y en dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
El motivo por el que se señala que incrementaron a causa de la pandemia es debido a que múltiples instituciones tuvieron que paralizar sus funciones o limitar el trabajo a las acciones consideradas esenciales, lo que derivó en la suspensión de procesos jurídicos y de apoyo, “retrasando todavía los procesos ya largos e ineficientes de acceso a medidas de protección, justicia y reparación”.
Otra de las causas que beneficiaron el aumento de casos de tortura en las afectaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en abril de 2021, las personas privadas de libertad ascendían a 215 mil 232. De acuerdo con el Observatorio de Prisiones de Documenta refirió que alrededor de 3 mil 380 se habían contagiado de covid-19 y 255 habían fallecido.
Asimismo se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país. Menciona como ejemplo el caso de Jalisco, en donde se convocaron a protestas en junio de 2020, derivadas de la indignación que causó la tortura y ejecución de un muchacho que habría sido detenido de manera violenta “por no usar cubrebocas” en mayo.
En ese sentido, la OMCT consideró la necesidad de publicar a la brevedad el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pues es “una pieza clave para dotar de coherencia, coordinación y recursos a las instituciones competentes, pues su retraso constituye un grave incumplimiento de la Ley”.
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