Mañana se cumplen dos años desde el encarcelamientos de Rosario Robles, quien señala que está privada de su libertad por ser mujer, y cumpliendo condena por actos que cometieron otros.
A casi dos años de su encarcelamiento, la exsecretaria Rosario Robles señaló que se le castiga por actos que supuestamente cometieron otros, sin que se actúe contra terceros, y reiteró que se encuentra privada de la libertad “porque soy mujer”.
“El día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles”, escribió en una carta.
De acuerdo con la extitular de la SEDESOL y la SEDATU, es falso que se ha negado a cooperar con las autoridades. “Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”, expresó.
Reclamó que “se habla mucho de que redes familiares y grupos políticos tienen cotos de poder en el sistema judicial, pero les parece aceptable que el juez/sobrino con un abierto conflicto de interés haya decidido prisión preventiva para mi. Se habla de combatir la corrupción, pero no se inmutan con el hecho de que se fabriquen pruebas”.
“Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad. ¿No tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarme de omisión? ¿El mismo manejo van a tener quienes por sus omisiones han llevado a la muerte a miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de COVID-19?”, cuestionó.
En la carta, Rosario Robles dijo que a dos años de su detención “solo puedo decir que México está en deuda con un sistema penal pro-persona, con el debido proceso y la presunción de inocencia. México está en deuda con los derechos de muchas mujeres que aquí se encuentran. En síntesis, está en deuda con la justicia”.
En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron el amparo que un juez federal concedió a la exsecretaria para que se revisara la prisión preventiva que se le impuso desde hace más de dos años y, en su caso, se le cambiara por un arraigo domiciliario.
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