Este lunes, el pleno de la SCJN debatirá tres asuntos centrales sobre el aborto y las posibilidades de las entidades federativas para regularlo
Grupos religiosos y activistas provida impulsaron en redes sociales los Hashtag #CorteAbortoNo, #SCJN y #MexicoEsProvida como forma de protesta ante la revisión al proyecto de despenalización del aborto que comenzó este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sublevados, asociación civil dedicada a impulsar el pensamiento conservador, comentó en su cuenta de Twitter que si los hombres de la SCJN aprueban el proyecto de despenalización del aborto “van a fortalecer el abandono paterno, dañar muchas mujeres y destruir familias”. La senadora panista Lilly Téllez se sumó a la protesta al tuitear #CorteAbortoNo
Esta protesta en redes se suma al cierre simbólico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los grupos antiabortistas realizaron el domingo 5 de septiembre.
En contraste, la asociación feminista GIRE publicó en su cuenta de Twitter: ”las y los ministros de la SCJN pueden hacer la diferencia para dejar de criminalizar a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo en el estado de Coahuila”.
Estefanía Veloz realizó un hilo explicando la discusión que la SCJN está llevando a cabo sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. También destacó que de resolverse la discusión a favor todos los códigos penales del país podrían tomar esto como precedente y meter acciones de inconstitucionalidad.
Actualmente tan solo en la Ciudad de México y en Oaxaca las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar la causa.
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Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá tres asuntos centrales sobre el aborto y las posibilidades de las entidades federativas para regularlo (o prohibirlo).
Sobre el aborto en Coahuila, el ministro Luis María Aguilar propone declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo.
En su proyecto argumenta: “la invalidez del tipo penal radica en incluir en su formulación abstracta todos los supuestos temporales en que puede acontecer la interrupción del embarazo con origen en una decisión voluntaria de la mujer; comprendiendo con tal regulación tanto la interrupción temprana como aquella que podría acontecer en cualquier otro momento del proceso de gestación. El artículo 196 resulta entonces de una naturaleza absoluta, al no brindar ningún margen para el ejercicio del derecho humano a elegir la vida reproductiva que, con los matices destacados en esta sentencia, asiste a las mujeres en el supuesto de concebir”.
Sobre el aborto en Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez propone erradicar la prohibición absoluta que hicieron los legisladores locales al declarar la protección de la vida “desde que un individuo es concebido”.
El ministro concluye que los estados “no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concepción para negar a las personas toda clase de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva en el ámbito de competencia estatal, ni para adoptar legislación que endurezca las normas sobre interrupción legal del embarazo”.
El ministro Luis María Aguilar propone desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la norma que regula la objeción de conciencia a nivel federal, mediante la Ley general de Salud.
La norma establece el derecho de personal del sector salud a la objeción de conciencia, que es la negativa a realizar actos o servicios cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
La propia ley indica que el sector salud debe hacer todo lo posible para que los hospitales tengan personal suficiente para realizar todas las tareas.
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CAB
