Los académicos expresan que ven con preocupación la “acusación desproporcionada” a los exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Los Colegios Médicos de México manifestaron su total rechazo a la orden de aprehensión contra de 31 investigadores mexicanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), solicitada en dos ocasiones por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Sin fundamentos probatorios, los científicos fueron acusados según la FGR por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a la entrega de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020”, expresaron
En una carta firmada por los presidentes de 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, los doctores explicaron que tales recursos provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación y, en los últimos años, ha disminuido más de la mitad de los recursos que recibía el Conacyt, lo que repercute en el avance de la ciencia y tecnología en el país.
Por lo anterior consideran que “esto no significa que haya existido dolo en el presupuesto autorizado previamente y menos de parte de los científicos”.
En ese sentido, destacaron que la segunda solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía es “extraña e innecesaria, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había resuelto hace un mes que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado esos recursos públicos al Foro Consultivo”.
De esa forma, los presidentes de los colegios médicos del país llamaron a incentivar la investigación científica en el país, “ya que México no se distingue a nivel mundial por tener investigación efectiva, debido, en su mayor parte, a los bajos presupuestos autorizados y a que los investigadores no son bien remunerados”.
Por su parte, también a través de una carta, el Colegio de Directas y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM suman su apoyo hacia los 31 científicos y funcionarios que son acusados de crimen organizado por la Fiscalía General de Justicia, y respaldan el posicionamiento del Rector Enrique Graue sobre el tema.
Los firmantes de la carta explican que dedicarse a la tarea de difundir y generar conocimiento, ya sea cultural o científico, surge de “la confluencia de la vocación y el compromiso social” y que aquellos que dedican su vida a la docencia, investigación y difusión se rigen bajo los estrictos códigos de conducta de sus instituciones, pero también de “los valores que han sustentado el desarrollo de la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Tecnológico en nuestro país”.
“(…) estamos conscientes de la confianza que ha depositado la sociedad mexicana en nosotros y del gran esfuerzo que realiza para financiar nuestras actividades, por lo que ejercemos nuestros recursos de manera transparente, en el marco de la ley, aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales, y somos auditadas y fiscalizadas de manera cotidiana y estricta por órganos de los diferentes poderes del Estado”, se lee en el comunicado
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Los directores destacan su preocupación por la “acusación desproporcionada” contra los 31 científicos y funcionarios que trabajaron en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde señalan que “salta a la vista” la “improcedencia de los delitos graves”, el hecho de que no se ha escuchado a los imputados y que no existe una garantía de un debido proceso.
Los firmantes aseguran que la “desconfianza y el linchamiento” hacia los académicos acusados por la FGR y el Conacyt es preocupante porque ya hay “voces” que prentenden extender el “clima de desconfianza” hacia la comunidad académica del país, hecho que abonaría a la “deconstrucción de un aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda nación que busque mantenerse a la vanguardia del mundo moderno”.
El 23 de septiembre, la bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo que propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como centros de investigación, para erradicar lo que calificaron de “turismo científico”.
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CAB
