Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fue detenido por la Policía Nacional de Nicaragua
La Policía Nacional informó que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, quienes “están siendo investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos”.
También por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, agregó.
Un tribunal de justicia dictó 90 días de prisión preventiva para ambos empresarios, mientras se realizan las investigaciones, precisó en un comunicado el Ministerio Público.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes presidenciales, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros.
Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público (fiscalía), adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una “entrevista” que no se produjo y que le iba a ser reprogramada.
Periodistas que lo esperaban en las afueras de la fiscalía le preguntaron si temía ser arrestado, a lo que respondió que “necesariamente no”. Pero al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por policías armados.
Healy, de 59 años, que fue presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y a quien simpatizantes del Gobierno le mantienen confiscadas 210 hectáreas de una finca dedicada al cultivo de caña de azúcar y plátano tras las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018, fue citado a la Fiscalía junto al ganadero Álvaro Vargas, vicepresidente del Cosep, que tendrá que acudir más tarde.
Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020 para un período de tres años, que concluirá en septiembre de 2023, en sustitución del empresario José Adán Aguerri, quien fue apresado en junio pasado y está acusado por presunta “traición a la patria”.
Healy ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, arrestado desde julio pasado por “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía”, según la fiscalía.
Healy, empresario azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en un diálogo fallido que buscaba una salida a la crisis política que lleva ya tres años, detonada por protestas antigubernamentales.
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Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la “liberación inmediata” de todos opositores detenidos, durante una sesión en Washington sobre la situación de Nicaragua.
A estos dos empresarios se suman el banquero Luis Rivas, el gerente y uno de los dueños del diario opositor La Prensa, Juan Lorenzo Holman, detenidos en los últimos meses.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó en su cuenta de Twitter “la persecución” a los dos empresarios, acto que tildó de “incompatible” con las normas internacionales de derechos humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó de “arbitrarias” las detenciones de los dos empresarios y demandó el respeto a su integridad.
Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos y exigieron la liberación de detenidos. Asimismo, los sectores privados de Guatemala y El Salvador se solidarizaron con el gremio empresarial de Nicaragua.
Antes de estallar la crisis política en 2018, detonada por protestas contra una reforma social que derivó en una demanda de renuncia a Ortega, los empresarios y el gobierno tenían una alianza denominada de “diálogo y consenso”.
Ortega, que resiente el fin de la convivencia con el sector empresarial, manifestó recientemente que “ese tipo de entendimiento entre los ricos y los pobres, nunca se había dado” en Nicaragua.
Durante una década, el sector privado apoyó reformas políticas y económicas impulsadas por el gobierno de Ortega, quien ahora los acusa de haberse enriquecido y de apoyar el “terrorismo”.
Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con la reformas a la seguridad social y retiró su apoyo al gobierno en medio de la represión de las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, asegura que esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos.
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CAB
