En caso de que no se quieran vacunar, los trabajadores deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo
Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en empresas con 100 o más empleados deberán vacunarse contra la Covid-19 antes del 4 de enero o hacerse la prueba del virus semanalmente según las normas gubernamentales emitidas el jueves.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) dijo que las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de casi 14 mil dólares por infracción.
Los nuevos requisitos, que fueron previstos por primera vez por el presidente Joe Biden en septiembre, se aplicarán a unos 84 millones de trabajadores en empresas medianas y grandes, aunque no está claro cuántos de esos empleados no están vacunados.
Asimismo, se aplicarán reglas más estrictas a otros 17 millones de personas que trabajan en hogares de ancianos, hospitales y otras instalaciones que reciben dinero de Medicare y Medicaid. Esos trabajadores no tendrán la opción de realizar pruebas y deberán vacunarse.
No obstante, no está claro cómo planea OSHA hacer cumplir las reglas. Un alto funcionario de la administración dijo que la agencia apuntaría a las empresas si recibe quejas. Los trabajadores podrán solicitar exenciones por motivos médicos o religiosos.
La publicación de las reglas siguió a semanas de revisión regulatoria y reuniones con grupos empresariales, sindicatos y otros. Las regulaciones forman la piedra angular del esfuerzo más agresivo de Biden para combatir la propagación de la Covid-19, que ha matado a más de 740 mil personas en los Estados Unidos.
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OSHA redactó las reglas bajo la autoridad de emergencia destinadas a proteger a los trabajadores de un peligro inminente para la salud. Los altos funcionarios de la administración dijeron que las reglas se adelantan a las leyes u órdenes estatales en conflicto, incluidas las que prohíben a los empleadores exigir vacunas, pruebas o el uso de máscaras faciales.
La administración enfrentará un desafío inmediato por parte de los funcionarios estatales republicanos que están ansiosos por luchar contra Biden en la corte. Más de dos docenas de republicanos que se desempeñan como fiscales generales estatales han indicado que planean demandar, argumentando que solo el Congreso puede promulgar requisitos tan amplios bajo la autoridad de emergencia.
La semana pasada, 19 estados presentaron demandas para detener el mandato más estricto de Biden de vacunar a los empleados de los contratistas federales. Ese requisito estaba programado para entrar en vigencia el 8 de diciembre, pero la administración dijo el jueves que se retrasará hasta el 4 de enero para cumplir con los requisitos de otros grandes empleadores y proveedores de atención médica.
Los trabajadores deberán recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson antes del 4 de enero. Los empleados no vacunados contra la Covid deben presentar una prueba negativa verificada a la empresa al menos una vez a la semana y usar mascarillas en el trabajo. Los empleados que den positivo en la prueba deben ser retirados del lugar de trabajo.
OSHA requerirá que las empresas proporcionen tiempo libre remunerado para que los empleados obtengan vacunas y licencia por enfermedad para recuperarse de los efectos secundarios que les impiden trabajar. Los requisitos para por los cubrebocas y el tiempo libre pagado para las vacunas entrarán en vigencia el 5 de diciembre.
Debido a que las vacunas son gratuitas, dijo OSHA, las empresas no tienen que proporcionar ni pagar las pruebas de Covid.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid emitieron una regla que exige la vacunación de los trabajadores en 76 mil establecimientos de salud y proveedores de atención médica domiciliaria que reciben fondos de los programas de salud del gobierno. Un alto funcionario de la administración dijo que varias grandes organizaciones privadas de atención médica impusieron sus propios mandatos y lograron altas tasas de vacunación, 96% o más, sin renuncias generalizadas.
Docenas de grupos buscaron reunirse con funcionarios de la administración para expresar sus preocupaciones y objeciones a las posibles disposiciones de la regla de OSHA, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Fabricantes, la AFL-CIO y organizaciones antivacunas.
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CAB
