Gran parte de la comunidad internacional considera ilegítimas las elecciones que han otorgado la reelección a Ortega y su esposa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses.
Esto, por su papel en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
De acuerdo con el primer informe de las autoridades electorales, Ortega logró el 74,99 % de los votos con casi el 50 % de las juntas receptoras de votos escrutadas, con lo que podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y Centroamérica.
Las cifras oficiales fijaron en el 65,34 % la participación en la jornada, lo que contrasta con cálculos independientes, que situaron la abstención en algo más del 80 por ciento.
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Gran parte de la comunidad internacional -con algunas excepciones como Rusia o Venezuela- considera ilegítimas las elecciones que han otorgado la reelección a Ortega y su esposa, y no reconoce los resultados.
La Unión Europea (UE) destacó que los comicios se celebraron “sin garantías democráticas” y sirvieron para completar la conversión del país en un “régimen autocrático”, mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, las consideró “una pantomima” y prometió ampliar las sanciones económicas a Nicaragua.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó el proceso como “una burla” al pueblo nicaragüense, a la Unión Europea (UE), la comunidad internacional y la democracia, y exigió la liberación de los opositores y periodistas detenidos en el país centroamericano.
Estados Unidos, la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) ya habían condenado, antes de celebrarse los comicios, el arresto de siete precandidatos a la Presidencia de la oposición, la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación.
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CAB
