El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, calificó los recortes presupuestales previstos para 2022 como un “golpe anunciado”
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a implementar un plan de austeridad que permita contar con recursos suficientes para organizar la consulta sobre la revocación del mandato del Presidente de la República.
Luego de que consejeros electorales manifestaron su inconformidad por el recorte presupuestal de alrededor de 5 mil millones de pesos que, presuntamente, dejaría al INE sin fondos suficientes para llevar a cabo este proceso, Sheinbaum consideró que la respuesta es implementar un plan de austeridad.
Sheinbaum acudió al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la recolección de firmas para la realización del proceso de revocación de mandato.
Haciendo referencia a la frase del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno afirmó que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre, y tampoco puede haber Instituto Nacional Electoral rico con pueblo pobre”.
“Entonces, que se dediquen, mejor, a apoyar la democracia electoral, a ser imparciales y a que los recursos que dedican a sus bonos y todo lo demás, pues, más bien, se ponga al servicio de la ciudadanía”, declaró la jefa capitalina este domingo
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Afirmó que los consejeros del INE deben “dejar de pagar con recurso público todo lo que se pagan, incluido su sueldo, aquí todos tenemos que apoyar”.
“El ejercicio de la democracia participativa es un derecho. Hoy asistí a ejercer mi derecho firmando, para que todo el pueblo de México podamos decidir si continúa en el cargo el presidente López Obrador”, expresó en Twitter
El pasado jueves el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, calificó los recortes presupuestales previstos para 2022 como un “golpe anunciado”, y aseguró que tienen como objetivo “atacar la autonomía e independencia del organismo”.
Murayama afirmó que el presupuesto solicitado por el INE para el próximo año es de 24 mil 649 millones de pesos, lo que incluye el financiamiento para partidos políticos.
También incluye una “solicitud precautoria” de 5 mil millones 743 millones, conformados por 3 mil 830 millones para el proceso de revocación de mandato y mil 913 millones para la consulta popular.
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