Desde su cuenta en Twitter, Áñez cuestionó este lunes la acusación y afirmó que el objetivo es condenarla “a cualquier precio”
La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá una condena de diez años de prisión contra la expresidenta del país Jeanine Áñez, por haber asumido de forma “autoproclamada” la Presidencia en 2019.
La fiscal Lupe Zabala recordó que Áñez está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana y las leyes en el marco del caso ‘Golpe de Estado II’, que es la ampliación de caso ‘Golpe de Estado I’.
Según la investigación, la expresidenta tomó el mando del Senado en una sesión sin quórum y conformando una fuerza minoritaria, contrariamente a lo que fija el Reglamento de Debates. Más tarde se “autoproclamó” presidenta de Bolivia en una sesión donde tampoco hubo acuerdo.
La Fiscalía informó el lunes sobre la presentación de la acusación formal por estos delitos y el secretario de la misma, Edwin Quispe, indicó este martes que “una de las consultas y curiosidades que ha hecho eco en la población es el hecho de que (la acusación) no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de una ex mandataria”.
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En este sentido, insistió en que “los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que sea autoproclamada presidenta”, informa Página Siete.
Según Quispe, en la acusación se recopilaron “todos los elementos fácticos” para demostrar la responsabilidad de Áñez, contra quien se presentaron “más de 79 pruebas que están debidamente codificadas, más de casi una veintena de declaraciones testificales que indican que Añez hubiera adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 156 del Código Penal, (…) además de haber adecuado su conducta al artículo 154″.
Desde su cuenta en Twitter, Áñez cuestionó este lunes la acusación y afirmó que el objetivo es condenarla “a cualquier precio”.
“No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo (MAS, partido oficialista)”, sostuvo.
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CAB
