La acusación es por haber contratado una empresa cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública
Un juez de control rechazó librar una orden de aprehensión contra Raymundo Collins Flores, ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien fue señalado por la Fiscalía General de Justicia local como probable responsable del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por contratar a una empresa de manera directa a la que se le pagó 5 millones 199 mil 816 pesos, en 2018.
En acato a un amparo, el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, notificó a un juez federal que analizó nuevamente la solicitud de orden de aprehensión y la necesidad de cautela, y determinó negar el mandamiento judicial.
El juez capitalino informó de su resolución a Julio Veredín Sena, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien concedió la protección de la justicia al ex secretario local.
La determinación Veredín Sena fue impugnada en su momento por la fiscalía capitalina, pero los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal solo modificaron algunos puntos de la sentencia y también concedieron el amparo por detectar “vicios formales” en la orden girada por el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco el 7 de enero de 2021.
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Al juez local se le ordenó analizar si existía otra forma de conducir a proceso al ex funcionario, distinta a la orden de aprehensión, en términos del 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el delito que se le imputa al ex secretario no amerita prisión preventiva oficiosa.
La fiscalía capitalina aseguró ante el juez local que Raymundo Collins autorizó la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de diagnóstico de operación de la Dirección General de Administración de Personal y mejora de procesos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública local, por un monto superior a los 5 millones de pesos.
Por estos hechos, se imputó a tres servidores públicos más de la mencionada dependencia local.
El Ministerio Público argumentó: “se considera que la ilegalidad del contrato es precisamente otorgar la autorización de contenido económico y sobre todo celebrar ese contrato de servicios con recursos económicos públicos con una empresa privada la cual se ha dado cuenta, pero sobre todo su señoría, por un monto de 5 millones 199 mil 816 pesos, esta suma es sumamente desproporcional, ya que la vigencia del citado contrato es del 8 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, es decir, 53 días naturales en los cuales se pagara una cantidad desorbitada”.
De igual manera, alegó que, al haber autorizado el caso de excepción a la licitación pública, Collins Flores incumplió con lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Por su parte, el ex secretario argumentó que las autoridades transgredieron sus derechos humanos en razón de que pretenden detenerlo, sin haber cometido algún delito.
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CAB
