Son señalados por pagar 62 mil 840 millones de pesos de sobreprecio en contratos para la construcción de penales federales
La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra 16 exmandos del sistema penitenciario federal por supuestas irregularidades en la contratación adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que costaron más de 200 mil millones de pesos al erario.
Por este caso, hace más de un año fue librada una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
La FGR imputó a los 16, que comparecieron por videoconferencia, por uso indebido de atribuciones y facultades. A tres de los exmandos se les imputó por asociación delictuosa, por ser quienes firmaron directamente los contratos a los que se refiere la investigación.
El caso derivó de la investigación en la que en el año 2021, otro juez federal en el Centro de Justicia del Altiplano, Estado de México, ordenó aprehender a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por la firma de ocho contratos por 270 mil millones de pesos en los penales federales por adjudicación directa.
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Los exfuncionarios están señalados por el pago a sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
La audiencia continuará este martes y los abogados podrán responder a los señalamientos del Ministerio Público Federal. Jannet Miriam Martínez Sánchez, quien iba a ser imputada, notificó que tiene covid-19; otro fue declarado en estado de interdicción; mientras que en el caso de Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz se desconoce su paradero.
Javier Haro de Alva, ex director del Órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), quien goza de un criterio de oportunidad y que aportó pruebas en su momento que sirvieron a la FGR para integrar la carpeta de investigación, tampoco participó en la audiencia.
El ex funcionario fue declarado en estado de interdicción, porque padece una discapacidad que le impide tomar sus propias decisiones.
Entre los ex servidores públicos que imputados destacan el general Salvador Camacho Aguirre, uno de los ex mandos de la Policía Federal que participaron en los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán.
Asimismo, el ex coordinador de prisiones y ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez Castuera. La ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, así como el ex director General de Administración del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga.
El resto son: Miguel Vital Hernández, quien fue director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, que sirvió como director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social.
De igual manera, al ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Montaño Fernández; Arturo Sosa Viderique, director general de administración del OADPRS, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales.
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CAB
