El gobierno de México asegura que las armerías sí tienen responsabilidad en el hecho de que las armas que venden terminen en manos del crimen organizado
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este lunes que México respondió “en tiempo y forma” a los argumentos de las armerías en su demanda por comercio negligente, al facilitar el tráfico ilegal de armas.
Mediante su cuenta de Twitter, el canciller aseguró que el gobierno mexicano entregó a una corte de Boston “las pruebas de negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas” y adelantó que este martes dará más detalles.
Países como Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda, así como organizaciones civiles, 25 fiscales y 14 procuradores estadounidenses, se sumaron a la demanda de México bajo la figura de amicus curiae o “amigos de la corte”.
Los fabricantes de armas pidieron a la corte que deseche la demanda presentada por el gobierno mexicano, dado que consideran que ninguno de ellos promueve o facilita el acceso de grupos de la delincuencia organizada a las armas, además de que no reconocen su jurisdicción sobre el caso.
México señala que la corte de Boston es competente para decidir sobre la demanda y plantea que los fabricantes tienen responsabilidad en facilitar el acceso a las armas al crimen organizado.
El documento suscrito por varios países y organizaciones, que respaldan la posición de México, cuenta con el apoyo de la fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, así como de la procuradora del estado de Massachusetts, Maura Healey, quien es la principal promotora de haber sumado a fiscales de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón.
Además, organizaciones como Everytown for Gun Safety, March for Our Lives, Giffords, Brady Foundation forman parte del escrito.
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Este lunes, funcionarios de alto nivel de los gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron en la sede de la cancillería para dialogar y dar a conocer el Plan de Acción bajo el que operará el Entendimiento Bicentenario durante los próximos tres años.
Ambos países se comprometieron a cooperar “guiados por los principios de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional”, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“El Plan de Acción que hoy se presentó está impulsado por el interés mutuo de seguridad y de detener y llevar ante la justicia a los grupos criminales que trafican con armas y drogas de manera ilícita en la región, amenazando la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos”, señala.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez señaló que las partes aportaron ideas al proyecto de lineamientos del Comité Binacional “para garantizar que los recursos destinados a prioridades estratégicas contribuyan a la reducción del consumo de estupefacientes y a la investigación de delitos, como el homicidio doloso, el secuestro, el trasiego de armas y drogas, el tráfico y trata de personas, así como los delitos cibernéticos y el lavado de dinero”.
De forma remota, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia, y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Uzra Zeya remarcó que “estas acciones conjuntas son los cimientos fuertes para poder expandir nuestra cooperación y proteger a nuestros ciudadanos, para combatir la delincuencia transfronteriza y perseguir a las organizaciones delictivas”.
Por su parte, el embajador Ken Salazar subrayó que “hacemos esto de manera conjunta como socios que respetan la soberanía respectiva, somos socios sin sorpresas y trabajamos de buena fe. Las puertas de la colaboración han estado abiertas desde el lado del presidente López Obrador y del presidente Biden.”
En noviembre pasado, las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a la corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.
México asegura que, contra lo que señalan las armerías, la corte de Boston sí tiene jurisdicción y que las armerías sí tienen responsabilidad en el hecho de que las armas que venden terminen en manos del crimen organizado.
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CAB
