La primera sesión de subcomisión de examen previo para el proceso de Juicio Político se llevará a cabo el jueves a las 16:00 horas
La diputada federal de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, anunció que los legisladores de Morena alistan el mecanismo para activar el juicio político contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.
A través de redes sociales, la morenista informó que este jueves se dará “el primer paso” para activar el juicio político, “tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión”, argumentó.
El diputado federal de Jalisco, Hamlet García Almaguer, confirmó la iniciativa y añadió que fueron convocados a la sesión de instalación de la Subcomisión de Examen Previo, que será este 17 de marzo a las 16:00 horas.
García Almaguer compartió el documento de invitación para la sesión a celebrarse este jueves, firmado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Población y Co-Presidente de la Subcomisión de Examen Previo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Comisión de Justicia y Co-Presidente de la Subcomisión de Examen Previo, Felipe Fernando Macías Olvera.
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La primera sesión de subcomisión de examen previo para el proceso de Juicio Político se llevará a cabo el jueves a las 16:00 horas.
Almaguer informó que ya se citó a los diputados a la sesión de instalación de lo que denominó el “primer paso” para el juicio.
El procedimiento inicia “tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión y contra nuestro movimiento”, aseguró la diputada de Morena, Andrea Chávez.
Desde el pasado diciembre, la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación apoyó la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), de promover una acción de inconstitucionalidad contra el INE y respaldaron un posible juicio político contra los consejeros de este.
El argumento del grupo de legisladores para promover el juicio político fue que el ejercicio de revocación de mandato es parte de los derechos constitucionales, que no pueden suspenderse más que cuando hay invasión, perturbación grave de la paz pública o peligro para la sociedad, como lo establece el artículo 29 de la Carta Magna.
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CAB
