Periodistas de Morelos también pide crear una red de albergues estatales a donde puedan llegar periodistas en riesgo
Periodistas de Morelos propusieron crear el Registro Nacional de Agresores de Periodistas y fortalecer los mecanismos estatales. Asimismo, crear una red de albergues para reporteros en riesgo que puedan dejar sus estados cuando esté en riesgo su vida y la de su familia.
“Prever en la ley sanciones administrativas y penales, vinculantes, en contra de los públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión que inhiba la práctica periodística o libertad de expresión. [Esto] con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas. Incluso sería factible crear un registro nacional de agresores de periodistas”, comentó Maciel Calvo Elmer, periodista de La Unión de Morelos.
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Creación de red de albergues estatales
En las propuestas se establece que se deben crear una red de albergues estatales. Ello con la finalidad de poder extraer a los compañeros que se encuentren en riesgo y fortalecer la estructura de los mecanismos en los estados ante la indiferencia de la federación.
“También pedimos crear en la ley uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a las o los colegas, en sus familias. En los casos que se requiere, que sean extraídos de sus Estados al estar en riesgo su integridad física. Porque hemos visto que muchos compañeros cuando tienen una emergencia y necesitan ser extraídos, ni el Gobierno Federal, ni el mecanismo federal han atendido sus propuestas”, agregó.
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Asegurar la protección del gremio periodístico
Por último, exigieron que los estados consideren intervenir en la asignación de medidas cautelares y protección a los periodistas. Esto debido a que se ha ejecutado desde una visión centralista que no ha funcionado para las víctimas.
“Queremos que se tomen en cuenta desde los estados lo que está pasando; que se ha centrado la información. Los periodistas en los estados están siendo relegados y son los que están poniendo los muertos”, añadió.
En la propuesta se establece que, entre las sanciones a los agresores, se contemple la inhabilitación para ocupar un cargo público. Para ello argumentaron que atentar contra la libertad de expresión es dañar la frágil democracia de este país.
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