El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 479 votos, un dictamen que busca frenar la venta de niñas para matrimonio
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 474 votos, reformas al Código Penal Federal para castigar los matrimonios forzados entre personas menores de edad con penas de ocho a quince años de cárcel y de mil hasta dos mil quinientos días de multa.
Además, estableció que la pena aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Las sanciones serán imprescriptibles.
Le ley incorpora un capítulo titulado “Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”.
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El artículo 209 Quáter establece que cometen este tipo de delitos quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u ofrezcan a menores unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de la misma edad o mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
La reforma refiere que el matrimonio entre menores de edad o la unión temprana, constituye una figura que atenta contra el interés superior de la niñez, porque representa un menoscabo a sus derechos fundamentales en detrimento de su formación y desarrollo.
Además, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir los matrimonios infantiles.
El dictamen establece que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social.
Ambos dictámenes fueron enviados al Senado para su dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación.
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CAB
