El PAN y sus liderazgos hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros que la integran, a asumir su responsabilidad
El Partido Acción Nacional (PAN) envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar en la que hacen un exhorto para que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al acusar discrecionalidad y una inexplicable dilación del tema.
El denominado Sistema PAN integrado por la Dirigencia Nacional, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la Coordinación Nacional de Alcaldes y la de Diputados Locales enviaron una carta al ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la que expresaron su preocupación ante “la notoria discrecionalidad imperante en la resolución de ciertos casos y la inexplicable dilación en la respuesta que reclama el país de su Tribunal Constitucional”.
Los panistas consideraron incomprensible que se postergue indefinidamente en la lista de asuntos para resolución el proyecto para el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos de Tamaulipas, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de esa entidad en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción.
“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que: corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República”, alertaron
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Acción Nacional dijo que, “no se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del Estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del Gobernador de Tamaulipas”.
Y señaló que el tema es aclarar “si basta una denuncia falaz, una instrucción política, una bancada del partido en el gobierno en la Cámara de Diputados y un juez que actúe por consiga, para remover de sus cargos a gobernadores, legisladores locales, magistrados y consejeros de las judicaturas estatales, fiscales autónomos, órganos de transparencia y fiscalización, entre otros. Esto es, si la Federación puede destituir por consigna a los órganos que emanan de la voluntad democrática de los estados del país”.
De ahí el llamado a que la SCJN ponga fin a todo conflicto, no postergarlo en la incertidumbre para evadir el costo político de decidir, o peor aún, por cálculos mezquinos de complacencia con el poder en turno.
En la carta, también agregan una defensa al gobernador de Tamaulipas al insistir en que las denuncias en su contra son “falaces y una instrucción política”, como parte de la persecución política que se vive desde la federación en contra de la oposición. Y concluyen
“Respetuosamente subrayamos: no es admisible manosear los tiempos procesales para que los casos constitucionales queden formalmente sin materia. El curso del tiempo no es decisión, sino claudicación”, demandó.
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CAB
