Del mismo modo, solicitó a la Semar que colabore con las autoridades investigadoras y de seguimiento del expediente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, tras comprobar que un marino hizo uso excesivo de la fuerza contra un civil, provocándole heridas que le hicieron perder la vida.
El incidente ocurrió en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, el 12 de julio de 2017, cuando la víctima circulaba en su vehículo acompañado de una persona, testigo de los hechos, cuando fueron perseguidos por elementos de la Semar, quienes les dispararon con armas de fuego.
Como resultado del ataque, una de las víctimas falleció en el Hospital General de Subzona número 26 a consecuencia de las lesiones que recibió en el lugar de los hechos, mientras que la otra víctima fue encontrada cerca del lugar de los hechos y trasladada a un hospital privado, donde le atendieron y se logró salvar su vida.
El personal de la Semar involucrado en los hechos afirmó que las víctimas actuaron de manera sospechosa y se dieron a la fuga, por lo que decidieron perseguirlos hasta que recibieron disparos por parte de una de las víctimas, lo que provocó que contestaran a la agresión, lesionando a ambos tripulantes del vehículo.
La CNDH recibió la denuncia y, luego de una investigación, determinó que no existe evidencia de que la víctima o su acompañante hayan disparado en contra de los marinos, ya que en las Carpetas de Investigación derivadas de los hechos no existen elementos que así lo demuestren, como la prueba de Rodizonato de Sodio, la cual omitieron practicar tanto la Procuraduría General del Estado como la entonces PGR.
A partir del análisis del expediente de queja, la Comisión resolvió que se incurrió en un uso excesivo de la fuerza, el cual vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas, dado que no actuaron conforme a los lineamientos.
También se concluyó que los marinos no advirtieron el riesgo en que pusieron a la población que habitaba cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, sin considerar que no existía un objetivo concreto, como lo era salvar una vida, para actuar de tal forma.
Como resultado de las diligencias efectuadas, la CNDH encontró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur incurrió en una violación al derecho humano de acceso a la justicia de la víctima, al detectar omisiones y una integración insuficiente de la carpeta de investigación.
Determinó que los agentes ministeriales no ordenaron el aseguramiento inmediato de las armas de fuego que portaban los marinos el día de los hechos; omitieron describir la posición exacta de los casquillos asegurados; no se realizaron las pruebas de Rodizonato de Sodio a ninguno de los implicados en los hechos, ni se realizó el aseguramiento de las ropas que portaba la víctima fallecida, entre otras omisiones.
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Con base en lo anterior, la CNDH emitió la recomendación 157/2022 al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado a las víctimas indirectas, incluyendo familiares, que incluya la compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas.
Del mismo modo, solicitó a la Semar que colabore con las autoridades investigadoras y de seguimiento del expediente en contra de las personas involucradas por el delito de homicidio en agravio de la víctima fallecida, contra quien resulta responsable.
La recomendación también va dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se lleve a cabo un estudio técnico-jurídico de cada una de las carpetas de investigación derivadas de este caso, incluyendo la indagatoria por el delito de homicidio en agravio de la víctima fallecida, contra quien resulte responsable.
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CAB
