La definición de violencia física, en dicha ley, queda como “cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido”
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el decreto que considera los ataques con ácido o sustancias corrosivas como violencia física contra las mujeres.
El decreto reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y entrará en vigor mañana miércoles 19 de octubre.
De esta manera, la definición de violencia física, en dicha ley, queda como “cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas”.
La reforma surgió de un dictamen de la Cámara de Diputados que, posteriormente, fue avalado con cambios en el Senado de la República el 15 de marzo de 2022, y devuelto a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo cual ocurrió el pasado 6 de septiembre.
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La Cámara de Diputados aprobó el 7 de septiembre por unanimidad incluir en la definición de violencia física contra las mujeres los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, que cause lesiones internas, externas o ambas.
Por 480 votos fueron aprobadas las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enviaron al Ejecutivo para que las publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los cambios al artículo 6, fracción II de la ley, se enviaron al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Dichas modificaciones señalan que se debe legislar para prevenir los ataques con sustancias y que se pueda imponer penas más severas, así como concientizar a la población de que “esas acciones son tan atroces que no pueden permitirse”.
Subraya que los efectos que generan en la víctima los ataques con sustancias son diversos y no sólo impactan en su entorno individual, sino también en su entorno social, laboral y afectivo.
Con la reforma se pretende salvaguardar el bien jurídico tutelado que es la vida, salud, honor y el derecho al pleno desarrollo de la personalidad, los cuales al realizarse los ataques con sustancias se ven disminuidos, pues se deja huella en las víctimas y, en algunas ocasiones, es de por vida, dependiendo las lesiones que provocaron en el cuerpo.
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CAB
