La Corte Suprema autorizó ayer al presidente Donald Trump que aplique la versión limitada de su controvertido decreto que restringe el ingreso de personas de seis países de mayoría musulmana a Estados Unidos.
El mandatario elogió el fallo y lo describió como una “victoria para nuestra seguridad nacional”, pero quizá suscitará una nueva ronda de batallas judiciales relacionadas con medidas antiterroristas y discriminación religiosa.
El decreto, cuyos efectos habían resultado bloqueados por cortes de apelaciones, pone un freno temporal al ingreso de viajeros y refugiados de seis países de mayoría musulmana.
La decisión de los jueces implica que el gobierno de Trump podrá negar la entrada a Estados Unidos a los individuos que no tengan familiares en territorio estadunidense o que no hayan tramitado ya su ingreso al país para asumir un puesto de trabajo.
Por tanto, la decisión de los jueces permitirá que entre en vigor una de las partes esenciales del veto migratorio: la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados, quienes por definición están huyendo de sus países y no tienen ninguna relación con Estados Unidos.
La otra parte esencial de la iniciativa de Trump, que seguirá parcialmente bloqueada, es la prohibición a la entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia). Trump deberá permitir la entrada a Estados Unidos de los nacionales de estos países que tengan familiares o contratos de trabajo pendientes en territorio estadunidense.
El tribunal estudiará la legalidad del veto durante su próximo periodo judicial, que inicia el 2 octubre y terminará en junio de 2018.
Diversos grupos de inmigrantes dijeron que enviarán de nuevo abogados y supervisores a los aeropuertos estadunidenses, donde la aplicación inicial e inmediata de la prohibición en enero causó caos y confusión.
