Los elementos policiales laboraban en el municipio de San Juan del Río; uno de los detenido obligó a la víctima a tener relaciones sexuales, dice Fiscalía General del Estado
Dos policías del municipio de San Juan del Río, en Querétaro, fueron detenidos por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de violación equiparada, abuso de autoridad y robo calificado.
El delito habría ocurrido el 7 de enero en el municipio de San Juan del Río, cuando “las víctimas se encontraban teniendo relaciones sexuales consensuadas en un inmueble abandonado y, al ser sorprendidas, uno de los imputados obligó a una de las personas a tener actividades sexuales”, detalló la FGE en un comunicado.
Tras los hechos, la víctima, junto con su pareja, acudió a presentar su denuncia en la Unidad de Acusación de la fiscalía y de inmediato se les canalizó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
“Se identificó a los posibles intervinientes como miembros activos de la Policía Municipal de San Juan del Río, por lo que se obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión”, detalla la dependencia
La fiscalía indicó que a uno de los imputados se le investiga por los delitos de violación, robo y abuso de autoridad; mientras que a la otra persona detenida por los delitos de abuso de autoridad y robo. En las próximas horas, se definirá su situación jurídica.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río informó que brindó apoyo y contención emocional, además de orientación para la realización del proceso conducente ante la FGE, para las víctimas y sus familiares.
La dependencia “participó, mediante acciones e información, para el cumplimiento debido del mandato de captura contra los posibles intervinientes. (…) Las acciones obedecen a la política de cero tolerancia establecida por el presidente municipal Roberto Cabreara Valencia para cualquier servidor público”.
Se indicó que, a la par de la investigación de la fiscalía estatal, el Órgano Interno de Control inició una carpeta de investigación y un proceso administrativo.
“Los hechos imputados representan una afrenta a la corporación, al servicio público encomendado y, en especial, a la sociedad que juraron proteger y servir”, detalló en un comunicado
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CAB
