El estallido provocó varios registros que demostraron el gran impacto, donde se reportaron muertos y heridos
El juez Tarek Bitar reanudó este lunes la investigación de la explosión que en 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut, un año después de que quedase suspendida debido a una serie de denuncias presentadas por ex altos cargos sospechosos en el caso, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
Tras retomar sus labores, el investigador judicial decidió ordenar la puesta en libertad de cinco personas que habían sido detenidas en relación con la tragedia, entre ellas varios directores del puerto capitalino, donde se originó la deflagración, según la agencia de noticias estatal.
Asimismo, Bitar pretende presentar cargos nuevos contra al menos otros ocho sospechosos por la explosión de las cientos de toneladas de nitrato de amonio, que permanecieron almacenadas en el puerto de Beirut durante años sin medidas de seguridad.
Sin embargo, la cadena de televisión libanesa MTV aseguró que la Fiscalía del Tribunal de Casación ha decidido lidiar con las medidas tomadas por el magistrado “como si no existiesen”, por lo que no tiene previsto implementar la puesta en libertad de los cinco detenidos.Varios ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso presentaron denuncias contra Bitar, logrando paralizar la pesquisa temporalmente en varias ocasiones hasta que finalmente, hace algo más de un año, esta quedó suspendida de forma indefinida hasta la resolución de las peticiones.
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La investigación del juez Bitar estaba bloqueada desde diciembre de 2021 por una serie de procesos lanzados contra él por responsables políticos, y por una campaña dirigida por el movimiento armado Hezbolá, fuerza política dominante en Líbano, que acusó al magistrado de no ser imparcial.
Distintas organizaciones por los derechos humanos han acusado a los sospechosos de obstruir la investigación y han llamado a abrir una pesquisa internacional ante la falta de avances en el proceso doméstico transcurridos dos años y medio de la tragedia.
Gran parte de la población atribuyó la explosión, ocurrida en un almacén que albergaba centenares de toneladas de nitrato de amonio sin ninguna medida de precaución, a la corrupción y la negligencia de la clase dirigente.
Las autoridades libanesas se negaron a que se realizara una investigación internacional, como pidieron las familias de las víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La semana pasada, varios familiares de las víctimas fueron detenidos por presunto vandalismo cometido durante una protesta para pedir justicia por sus seres queridos fallecidos en la explosión, lo que levantó fuertes críticas por la aparente doble moral de las autoridades.
Exministros y parlamentarios sospechosos en el caso se han negado a acudir a declarar ante Bitar, cuyo predecesor ya fue apartado de la investigación a petición de políticos imputados por la deflagración que devastó barrios enteros de la capital libanesa.
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CAB
