La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los gobiernos federal y estatal otorgar protección especial a los jesuitas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, por considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable, gravedad y urgencia, tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalló que los beneficiarios denunciaron en su solicitud amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado.
La CIDH concluyó que el gobierno no está implementando un esquema de seguridad efectivo, por lo que solicitó al Estado mexicano adoptar medidas que protegen a los miembros de la comunidad y les permitan continuar realizando sus actividades. Asimismo, pidió que informe sobre las acciones que se lleven a cabo para investigar los hechos.
La resolución 2/2023 solicita “medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, en la sierra Tarahumara, municipio de Chihuahua”.
Ello, luego de que el 20 de junio de 2022 fueran asesinados los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar al interior de su iglesia en esta comunidad por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, sin que hasta ahora ese sujeto u otros presuntos responsables hayan sido detenidos.
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Este grupo mantiene una violencia permanente en Urique y, de acuerdo con la resolución de la CIDH, no ha cesado, a pesar de las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, de que hay seguridad en dicha zona.
El organismo internacional consideró que los jesuitas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH da a conocer en un comunicado, “por su parte, el Estado informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región de Chihuahua; el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público; las medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral; las reuniones con representantes para medidas de seguridad”.
No obstante, el documento reconoce que dichas medidas no han sido de todo efectivas, por “las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas”.
Sin embargo, reclamaron que “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger” a los 11 jesuitas.
La CIDH solicitó a México adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Así como prevenir actos de amenaza.
Las investigaciones señalan que el principal responsable del asesinato de los jesuitas es José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, jefe de plaza del grupo delictivo “Los Salazar” en la región, quien no se ha sido detenido, a pesar de que se ofrece una recompensa por su captura.
“Los Salazar” es un grupo armado afín a Cártel de Sinaloa con presencia en los estados de Sonora y Chihuahua.
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CAB
