Algunos países europeos no sólo reconocen la tendencia de alienación solitaria global, sino que han institucionalizado su combate con la implementación de políticas que miden y promueven la igualdad en el ejercicio de derechos, la dignidad y reconocimiento de la diversidad, la autonomía y desarrollo de las personas, y la participación social y política, como dimensiones para la procuración de una mayor cohesión social.
En tanto que las estadísticas sobre la soledad en México son escasas, los síntomas y su influencia emergen con fuerza en nuestra estructura social; las manifestaciones de la modernidad individualista exacerbada restan importancia a la colectividad y (sin romanticismo) a la añoranza de antaño por pertenecer a una comunidad valorada.
La cohesión social –o falta de– tiene su matiz económico, pues requiere por definición, la reducción al mínimo de las disparidades sociales y económicas con el objeto de evitar la polarización. Si bien, podemos consultar diversos indicadores para tratar de evaluar el grado de inclusión/exclusión de nuestra sociedad, estos estarán asociados a los niveles de pobreza y al acceso de las personas a los servicios públicos, pero no son necesariamente el parámetro global para estimar el grado de cohesión. Entre las dimensiones para la medición de la cohesión social, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), incorpora la desigualdad económica y social de la población, a través del coeficiente de Gini, la razón de ingreso, el grado de polarización social y la percepción de vínculos sociales; permitiendo una interpretación relativamente diáfana.
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Con cifras de 2020, CONEVAL estima que 55.7 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 10.8 millones vivieron en pobreza extrema. El Banco Mundial calculó, para ese año, la desigualdad salarial en México con un índice de Gini de 45.4 % que, aunque disminuyó en 2.78 puntos, según el Índice de Competitividad Internacional publicado en 2022 por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) nos posicionamos en el lugar 37 de entre 43 países evaluados, evidenciando la concentración en un porcentaje reducido de personas de casi la mitad de la suma de los ingresos de las y los mexicanos. A su vez, el Informe País 2020 sobre el curso de la democracia en México del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que la ciudadanía mexicana mantiene altos niveles de desconfianza interpersonal e institucional, y apunta la correlación con sus características socioeconómicas. La politóloga Karla Valverde Viesca concluye en sus análisis que la sociedad mexicana es profundamente desigual y excluyente al permitir que grupos en condiciones de vulnerabilidad sean impedidos por éstas –sus situaciones– para participar en la vida social y acceder a bienes o espacios de la vida en común. A pesar de todo, los datos muestran que un sector de la sociedad mexicana todavía reconoce el valor de la cooperación y la reciprocidad.
La nueva perspectiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone mejorar la medición de la cohesión social, elevándola a una herramienta aplicable en el diseño de políticas públicas regionales que incorporen transversalmente la capacidad de las instituciones para reducir las brechas sociales de forma sustentable y con apoyo ciudadano. El planteamiento tradicionalista ha resultado incapaz de mostrar un eficiente estado de bienestar. Reducir las brechas de desigualdad es fundamental para lograr sociedades más productivas y prósperas. La cohesión social debe estar en el centro de la agenda política ya que las experiencias comparadas dejan ver que la implementación de políticas públicas que permita el multiculturalismo y no discriminación, fortalezca la solidaridad social e incremente la confianza en las instituciones es la vía para que la calidad de vida de sus integrantes mejore.
Dulce Janeth Parra es economista y consultora de políticas públicas.
