Se determinó el pago de un millón de pesos como fianza para poder salir.
La jueza de control Angélica Sánchez, pagó una fianza de un millón de pesos para salir del penal de Pacho Viejo y enfrentar su proceso bajo la medida de resguardo domiciliario, esto después de que el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Boca del Río otorgó una suspensión provisional que ordenaba el cambio de medidas cautelares, por considerar que la prisión preventiva necesaria era un exceso.
Anoche, después de la audiencia, la jueza se trasladó a su domicilio en la colonia Lomas Verdes, de Xalapa, custodiada por unidades de la Secretaría de Seguridad Pública que se encargarán de su vigilancia.
La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México, un día después de haber sido homenajeada en el Senado de la República. El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz la denunció por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, tras haber dejado en libertad a Itiel Palacios, alias Compa Playa, presunto alto generador de violencia.
En acatamiento de la orden del Tribunal, el juez de control Roberto Santos Maldonado presidió la audiencia en la que le fueron variadas las medidas cautelares, pero que la volverán a poner en una situación de restricciones, pues no podrá salir de su domicilio salvo excepciones como de salud o por trámites oficiales, de acuerdo con lo informado por sus abogados Ricardo Aguilar y Lázaro Flores.
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De acuerdo con el proyecto aprobado por unanimidad por los magistrados se advertía que en el fuero común no podían volver a dictarle una pena privativa, pues los delitos por los que es procesada no ameritan la prisión preventiva, ya que sería inconstitucional. Ante la decisión de la medida de resguardo domiciliario, los abogados advirtieron que apelarán esta medida.
Por cuanto hace a la fianza de un millón de pesos, los abogados aseguraron que la autoridad fijó un mes de plazo para que reúnan la cantidad y en caso de no poder entregarla, solicitarán una prórroga, pero a la par esperan que la apelación sobre las medidas cautelares sea revocadas.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Jiménez Aguirre, informó que, paralelo al proceso penal, hay un procedimiento administrativo sancionador en contra de la funcionaria judicial.
