Diversos casos de despojo contra personas de escasos recursos han sido denunciados en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador
Baja California Sur y Oaxaca son dos de los estados donde se han presentado los caso de despojo en contra de personas de escasos recursos.
Uno de los casos se denunció el pasado 3 de julio, en el cual a Don Guadencia López, propietario de un terreno ubicado a 800 metros de la playa Puerto Angelito, en el municipio de Puerto Angelito, en el municipio de Puerto Escondido, Oaxaca.
En este caso se denunció que fue el propio municipio quien invadió el terreno, ya que con ayuda de elementos policiacos se quemó la vegetación para después usarlo de manera ilegal como depósito de chatarra de patrullas.
El 14 de julio se denunció otro caso en Baja California Sur, en donde 400 familias de escasos recursos, a las cuales se les intentó despojar de sus tierras con el uso de la fuerza pública para entregarla a la empresa inmobiliaria Terrazas Noble.
Otro caso más es la situación de despojo y apropiación en Baja California Sur, en donde son los extranjeros quienes con las autoridades locales han expulsado a mexicanos que viven en el ejido de El Sargento y su anexo La Ventana, ubicado en el municipio de La Paz, para mantener comunidades exclusivas de extranjeros.
En donde se ha denunciado que se han otorgado permisos ilegales por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), delegación Baja California Sur, al empresario estadounidense Ethan Sernoff y Luis Alonso Castro Moyrón, pariente del exsecretario de Finanzas de Baja California Sur, Isidro Jordán Moyrón, para que invadieran y se apropiaron de la Zona Federal Marítima, en contubernio con las autoridades, ya que permitieron que se construyeran residencias en zonas prohibidas, causando daños ambientales y pasan por alto denuncias penales que debieron corresponder ante la reincidencia en el daño ambiental.
Incluso los vecinos han denunciado que han sido perseguidos y amenazados por parte de autoridades locales de La Paz y Profepa por haber denunciado la ilegal actuación.
