En el interior del territorio nacional sólo se resuelve 1 de cada 10 casos de desaparición, según los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023
Los casos de desaparición reportados a las policías estatales han aumentado un 171% entre el 2021 y el 2022, informó el inegi.
En 2022, las policías estatales recibieron 33 mil 478 reportes de personas desaparecidas o no localizadas, 171% más en comparación con 2021, cuando fueron 12 mil 348 casos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, elaborado por el Inegi, del total de ausentes registrados el año pasado fueron hallados tres mil 820, sólo 11%, mientras que en 2021 se encontraron dos mil 488, 20% del total de reportes.
Las entidades con más casos denunciados fueron Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa.
Al respecto, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que el bajo índice de personas desaparecidas que son encontradas, prácticamente una de cada diez, responde a varios factores.
Policías estatales, sin personal
Por ejemplo, las policías estatales no disponen de personal, recursos materiales o tiempo para esa labor, además de que carecen de capacitación y casi siempre desconocen los protocolos de búsqueda, que por lo general han sido creados por familiares de desaparecidos o colectivos. También hay falta de interés por el perfil de las víctimas, señaló.
“La mayoría de las personas que desaparece de nuestro país son migrantes o personas en una condición vulnerabilizada o, en algunos casos, que de alguna manera estaban involucradas con alguna actividad ilícita; son factores que, en su conjunto, lo que hacen es debilitar la búsqueda y la disponibilidad que tienen las autoridades para darle el acceso a la verdad a las familias”, dijo en entrevista.
El censo del Inegi también revela que entidades con altos índices de violencia ligada al crimen organizado, como Baja California, Sinaloa, Colima, Chihuahua y Zacatecas, tienen sólo entre 600 y mil 500 agentes, en comparación con otros estados que tienen más de siete mil oficiales, como CDMX, Edomex, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En total, al cierre del año pasado, a escala nacional había 222 mil 727 personas adscritas a las instituciones de seguridad pública estatales.
Capital mexicana, con más agentes
La CDMX tiene la tasa más alta de policías preventivos por cada mil habitantes, con 3.7. En contraste, 20 entidades están por debajo de la tasa promedio nacional, que es de 0.9 agentes.
Sobre esta carencia de agentes en estados violentos, Rivas señaló que el reclutamiento de policías es una tarea muy difícil, ya que primero debe verse quién está dispuesto a realizar ese trabajo y luego encontrar perfiles que cumplan con las aptitudes físicas y de salud necesarias, sin adicciones al alcohol o drogas ni nexos con criminales, lo que en entidades tradicionalmente problemáticas no siempre es sencillo de conseguir.
“Es difícil tener personal suficiente porque son lugares de alta violencia y, en muchas ocasiones, las mismas familias no permiten que sus hijos e hijas ingresen a las policías por el alto riesgo que tienen”, afirmó. También está el problema de los bajos salarios, de entre diez mil y 20 mil pesos mensuales para la mayoría del estado de fuerza, de acuerdo con el censo del Inegi.
“Si voy a trabajar como policía lo mínimo que espero es ganar bien. Ni ganan bien ni los tratan bien y su vida sí está genuinamente en riesgo, pues por qué alguien debería querer ser policía”, cuestionó.
Explicó que al final del sexenio pasado, información de la Policía Federal indicaba que de 100 personas que se presentaban a la convocatoria para ingresar a la corporación, 17 eran elegibles; de ellas quedaban 11 que iniciaban su entrenamiento, luego de pasar por el polígrafo y el examen toxicológico. A mitad de la formación desertaban cuatro e incluso después de concluir los cursos una o dos no lograban entrar formalmente a la policía.
“Lo que acaba sucediendo es que tenemos las policías para las que nos alcanza, no lo que necesitamos”, lamentó.
MANDOS ESTATALES
El censo del Inegi revela que durante los últimos años, los mandos de formación militar han ganado terreno como titulares de las secretarías de seguridad estatales, pues de los 31 que había en el cargo a finales de 2022 (el estado de Tlaxcala no fue considerado al tener vacante este cargo), diez de ellos, equivalentes a 32% provenía de las secretarías de la Defensa Nacional o de la Marina.
Sobre las causas de esto, Francisco Rivas explicó que en muchas ocasiones los salarios son más convenientes en el ámbito civil
“Tal vez las prestaciones son mejores en el Ejército y la Marina, pero muchos de estos mandos militares habían llegado al tope de su carrera en el Ejército y se mueven a las fuerzas civiles porque tienen mayor posibilidad de recursos, de crecimiento, etcétera”, dijo.
Al respecto, alertó que, en muchas ocasiones, los militares no tienen los conocimientos específicos para brindar seguridad desde la visión civil.
“A partir de los resultados, no hay una evidencia de que los militares tengan mejores resultados que los civiles; tampoco hay una evidencia contundente de que tengan peores resultados. Están igual de mal, con la única diferencia de que hay más probabilidad de violaciones a los derechos humanos donde tenemos amados militares”, finalizó.
