La magistrada afirmó no tener vínculos con ninguna persona o partido político, enfocándose en su trayectoria como base de su carrera electoral.
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto, instó a los servidores públicos de todos los niveles gubernamentales a respetar las restricciones y no intervenir en los procesos electorales, tanto a nivel federal como local, de este año.
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Durante un encuentro con medios de comunicación, la Magistrada Mónica Aralí Soto acompañada de los Magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, hicieron un llamado a las y los servidores públicos a que se conduzcan con apego a la Constitución, de cara al proceso electoral de 2024; además de que es momento de “darle vuelta a la hoja” en los temas de diferencias internas.
“La ley y la Constitución han definido cuáles son los límites de toda y todo servidor público para su participación en los procesos electorales. No podemos hacer un exhorto, pero sí un llamado a todas y todos los servidores públicos, de todos los niveles y de todos los poderes, a que nos conduzcamos de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes y la democracia requiere”.
Expuso que el cambio en la presidencia y los señalamientos que se hicieron en su momento, no tienen que ver con la impartición de justicia y no ponen en riesgo el trabajo jurisdiccional, además pidió un voto de confianza para el organismo que encabeza.
“Quiero que nos den un voto de confianza en decir que el capítulo ha concluido. Hoy nos vamos a concentrar en el proceso electoral. La ciudadanía quiere saber que el Tribunal está fuerte, es autónomo e independiente”.
La magistrada aseguró que no tiene vínculos con ninguna persona o partido, sino que su marca es su carrera electoral.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguirá, como siempre lo ha hecho, trabajando de manera autónoma e independiente. Aquí los partidos políticos son parte en los medios de impugnación, no en el trabajo institucional”
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que, contrario al pasado, ahora ya no puede hablarse de elecciones de Estado ni riesgos del proceso por la injerencia gubernamental.
“Se tienen que establecer sanciones claras a los servidores públicos porque hoy día la ley, no sé si por torpeza de los legisladores, no contempla ningún tipo de sanciones a servidores públicos. En el caso del amparo se puede llegar a la remoción del funcionario público, en materia electoral esto es imposible, tampoco es posible sancionar al funcionario público”.
De la Mata Pizaña dijo que “entonces tenemos una insuficiencia legislativa que el Tribunal ha tenido que enfrentar, se necesita en algún momento establecer sanciones contra servidores públicos que violenten la ley electoral”.
Mientras que Felipe Fuentes advirtió que, ante la carencia de este órgano jurisdiccional de hacer un exhorto al primer mandatario, sus posturas sobre el comportamiento que asuma en la elección se verán en la calificación de la elección.
“No hay un precepto que nos permita hacer un exhorto al Presidente de la República, nosotros nos tenemos que ceñir a lo que establece la Constitución y la ley, y es en esa medida que hemos emitido nuestras sentencias definiendo qué tipo de situaciones y qué tipo de responsabilidades hay en los casos que hemos resuelto”.
Los magistrados resaltaron que la ley no tiene herramientas al órgano electoral para sancionar a los funcionarios que buscan influir en las elecciones, por lo que advirtieron que en la calificación de la elección se valorará la injerencia gubernamental.
