La ministra Yasmín Esquivel propuso un proyecto con el objetivo de garantizar que ninguna persona sea hospitalizada sin su previo consentimiento.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó ante el pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las mujeres con discapacidad en México enfrentan diversos estereotipos, llegando en ocasiones a ser percibidas como una carga.
La Segunda Sala de la SCJN aprobó de manera unánime un proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Este proyecto ordena a un juez de Distrito llevar a cabo diversas diligencias para verificar si las pacientes de un hospital psiquiátrico en el Estado de México dieron su consentimiento para ser internadas, o en su defecto, si hay alguna justificación para su ingreso involuntario.
Este tema surge a raíz de la reforma a la Ley General de Salud del 16 de mayo de 2022, que eliminó la figura del internamiento involuntario de personas con trastornos de salud mental. La reforma establece que los pacientes tienen el derecho de otorgar o denegar el permiso para cualquier tratamiento. Solo en casos de urgencia y excepción se puede internar a un usuario sin su consentimiento, cuando sea necesario para proteger su vida de un riesgo inminente o su integridad física de un daño irreversible.
La propuesta de la ministra resalta que en numerosas situaciones, las mujeres son consideradas como una carga y son ingresadas en instituciones psiquiátricas. Esto se debe a la creencia errónea de que no son capaces de cumplir con el rol tradicional de madres y cuidadoras.
Adicionalmente, el proyecto enfatiza que el internamiento involuntario tiene la posibilidad de constituir violaciones graves a los derechos humanos, como la privación de la libertad sin un debido proceso, la incomunicación y, en casos extremos, la posibilidad de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
