El Pleno de la SCJN detuvo la “separación inmediata” de Samuel García del cargo de gobernador de Nuevo León, pero aprobó someterlo a juicio político.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detuvo la “separación inmediata” de Samuel García del cargo de gobernador de Nuevo León, al invalidar la parte del artículo 203 de la constitución estatal que había sido reformada por el Congreso local.
Sin embargo, se declaró válida la resolución de la legislatura local para someter al gobernador a juicio político, el cual deberá ser llevado a cabo por el Congreso y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
Con votación unánime de los 11 ministros presentes en la sesión, se aprobó el proyecto elaborado por Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inválida la parte del artículo de la constitución estatal que ordenaba la separación inmediata del cargo de gobernador.
Durante la declaración, el Pleno reiteró que es el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León el órgano facultado para resolver la declaratoria de procedencia, y no el Congreso local, que había determinado realizar el proceso de juicio político y concluir con la declaratoria.
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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició el juicio político contra García el 31 de enero de este año, después de que no presentara la Ley de Egresos 2023 en tiempo y forma.
En su proyecto, el ministro Aguilar Morales consideró que el procedimiento de juicio político previsto en la legislación local es inconstitucional, ya que obliga al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León a someterse a un proceso que podría permitir a una autoridad no competente separarlo de su cargo.
Durante la discusión, el ministro Luis González Alcántara Carrancá explicó que el cargo del gobernador está protegido por la Constitución contra interferencias indebidas, ya que cualquier alteración de su mandato sería una consecuencia del voto popular.
Indicó que corresponde al Tribunal Superior de Justicia estudiar la atribución de responsabilidad política contra el gobernador, por lo que no está justificado separar al servidor público de su cargo, como lo planteó el Congreso.
